
El Parlamento de Cantabria ha decidido demandar al Gobierno de España la derogación del Real Decreto que impone nuevas obligaciones de registro para quienes ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
El Partido Popular, autor de la proposición no de ley (PNL), ha denunciado la imposición de este "Gran Hermano turístico" por parte del presidente Sánchez, argumentando que está afectando gravemente al sector turístico y vulnerando la privacidad de los turistas.
Vox ha respaldado la iniciativa, criticando la obsesión de Sánchez por controlar a los ciudadanos de manera desproporcionada, mientras que el PRC se ha abstenido y el PSOE la ha rechazado, justificando la medida como una cuestión de seguridad nacional.
El portavoz del PP en materia turística, Alejandro Liz, ha explicado que el Real Decreto impone nuevas obligaciones de registro que están perjudicando a los viajeros y colapsando el sector turístico.
Además, ha señalado que genera inseguridad jurídica y dificultades en su aplicación, con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros por incumplimiento.
Liz ha criticado que España esté imponiendo obligaciones a las empresas turísticas que otros países de la Unión Europea no aplican, colocando al país en una situación de desventaja.
Para el PP, esta carga administrativa desproporcionada es perjudicial para el sector turístico y atenta contra la privacidad de los viajeros al solicitar datos innecesarios como la fecha de caducidad de la tarjeta o el IBAN de la cuenta corriente.
Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha criticado que el nuevo decreto exija una gran cantidad de datos a los turistas sin tener en cuenta el control de fronteras, lo que puede resultar en un encarecimiento de los viajes y una fuga de turistas.
El PRC, por su parte, ha defendido que no hay motivos para alarmarse con el nuevo sistema, argumentando que no ha habido problemas significativos en su implementación hasta el momento.
Desde el PSOE, se ha defendido el nuevo registro como una herramienta de prevención contra el terrorismo y el crimen organizado, destacando su agilidad y seguridad en comparación con el sistema anterior que databa de 1959.
Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a presentar un Plan Integral de Mejora de Infraestructuras del Camino Lebaniego, para subsanar las deficiencias en dicho camino para los peregrinos.
También se ha aprobado por unanimidad una moción del PRC para garantizar la calidad y atención al público en las Oficinas Comarcales Agrarias.
En resumen, el Parlamento de Cantabria ha tomado medidas en varios frentes para defender los intereses del sector turístico y mejorar la calidad de las infraestructuras en la región.
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