La Seguridad Social solicita tres años de prisión y la clausura del negocio durante el mismo tiempo

SANTANDER, 21 Ene.

La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel para los responsables de un club de alterne ubicado en la recta de Heras debido a que tenían a 22 personas trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Los acusados son el administrador único de la empresa que gestiona el club y el responsable del local, quienes, según lo establecido por el fiscal, son los responsables de contratar a las personas que trabajan en el establecimiento.

Por lo tanto, se les acusa de un posible delito contra los derechos de los trabajadores y serán juzgados el próximo martes, 23 de enero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en julio de 2019, la Inspección de Trabajo realizó una visita a las instalaciones y descubrió que 22 personas que desempeñaban funciones como camareras de alterne no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

De esas personas, 17 eran españolas o comunitarias, por lo que no requerían autorización de trabajo, mientras que otras cinco "carecían de permiso de trabajo en España".

En total, la empresa tenía 38 empleados, de los cuales solo 16 estaban dados de alta, lo que significa que más de la mitad de la plantilla se encontraba en una situación irregular.

La Fiscalía considera a los acusados autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita una condena de dos años de prisión y una multa de 2.700 euros cada uno. Además, exige una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social por un valor de 547 euros, que es la cantidad que dejaron de pagar el día de la inspección.

Por su parte, el abogado de la Seguridad Social, que ejerce la acusación particular, ha destacado la existencia de "graves irregularidades laborales" y ha señalado que, a pesar de que los encargados, camareros, cocineros, limpiadoras y personal de mantenimiento estaban dados de alta en la Seguridad Social, las camareras de alterne no lo estaban, a pesar de que "prestan sus servicios durante un largo período de tiempo a cambio de una remuneración acordada".

La acusación particular agrega que "los acusados conocen perfectamente la obligación de dar de alta a los trabajadores que realizan trabajos para un empleador de manera subordinada" y, sin embargo, "mantuvieron a las trabajadoras sin darlas de alta, prestando servicios de alterne, es decir, realizando actividades orientadas a que los clientes del establecimiento consumieran, y recibiendo una remuneración al final de la jornada."

Por lo tanto, el abogado solicita una condena de tres años de prisión y una multa de 6.000 euros, además de la clausura del negocio durante tres años o, como alternativa, la suspensión de la actividad durante el mismo período.