El Ayuntamiento de Santander ha llevado a cabo una votación crucial donde se ha aprobado la actualización de las tarifas de agua y alcantarillado, una decisión que ha suscitado controversia y oposición por parte de diversas agrupaciones vecinales. En esta ocasión, el respaldo provino del equipo de Gobierno liderado por el Partido Popular (PP), mientras que el PSOE, el PRC y Unidos Podemos (IU) se manifestaron en contra y Vox optó por abstenerse, dejando claro el desacuerdo respecto a esta significativa medida fiscal.

Esta actualización ha sido duramente criticada, especialmente por parte de 27 asociaciones de vecinos que han calificado de "ilegal" esta decisión, argumentando que la empresa concesionaria, Aqualia, no enfrenta un desequilibrio financiero, sino que por el contrario registra un "amplio superávit". En respuesta a estos alegatos, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió la postura del equipo de Gobierno al asegurar que no hay evidencia de la situación financiera planteada por los representantes vecinales, al tiempo que se comprometió a realizar un control económico-financiero sobre el servicio.

Ramón Carrancio, quien preside la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Santander y Cantabria, fue claro al señalar que las ganancias de Aqualia superan los tres millones de euros, lo cual, según su criterio, hace que la actualización de tarifas sea injustificada. Este comentario fue respaldado por la oposición, cuyo portavoz del PSOE, Daniel Fernández, no dudó en criticar al PP, señalando que el incremento en las tarifas del agua en los últimos tres años se eleva a un 16%, contradiciendo el discurso del partido respecto a mantener los recursos en manos de los ciudadanos santanderinos.

Sin ir más lejos, el mismo Fernández acusó al PP de beneficiar a Aqualia en lugar de a los ciudadanos, resaltando que los santanderinos no están recibiendo el beneficio prometido. Por su parte, el regionalista Felipe Piña consideró la situación planteada por el gobierno local como un "nuevo lío" que se suma a problemas existentes con otros servicios públicos, sugiriendo que las asociaciones están preparadas para llevar el asunto a los tribunales si la actualización se concreta. Desde IU, su concejal, Keruin Martínez, se opuso rotundamente a esta modificación, señalando las repercusiones negativas que tendría para los ciudadanos.

Defendiendo la postura del PP, el concejal de Economía, Javier García, subrayó que esta actualización es una obligación contractual, considerando que su desestimación sería contraria a lo legalmente establecido. Según García, la cuantía que impactará a los ciudadanos es mínima, proponiendo que para un hogar con dos personas, el incremento en la factura mensual de agua sería tan solo de 32 céntimos. De hecho, resaltó que el ajuste se realiza en línea con el índice de precios al consumidor.

Adicionalmente, durante esta sesión, el Ayuntamiento también aprobó la revisión de las tarifas de taxi para el próximo año, logrando el consenso necesario entre PP, PSOE, Vox e IU, con el PRC optando por abstenerse, mientras que la plantilla municipal para 2025 fue ratificada igualmente gracias a los votos a favor del PP y la abstención de la oposición. En otro punto del debate, la alcaldesa aseguró que no se registraron alegaciones en relación a los presupuestos municipales, que ascenderán a 253.5 millones de euros.

En cuanto a la propuesta del PSOE para un concurso de ideas sobre el uso del edificio REMA, esta fue desestimada por PP, PRC y Vox, con IU absteniéndose. Margarita Rojo, concejala de Medio Ambiente, hizo hincapié en que el edificio está bajo el dominio público marítimo-terrestre, lo cual limitaría las opciones de reconversión. Esta cuestión fue debatida extensamente, y se reveló que existían compromisos previos para mejorar la situación de las playas en el marco de un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica.

El regionalista Piña criticó la propuesta del PSOE, sugiriendo que el Pleno estaba atrapado en un ciclo interminable de revisiones sin progreso real. Por otro lado, el concejal de Vox, Emilio del Valle, tachó la iniciativa de "demagogia", señalando que la situación del edificio es problemática, dado su estatus como propiedad del dominio público. En cambio, el portavoz del PSOE impulsó la idea de que es necesario continuar las conversaciones para que el REMA sea de titularidad municipal.

Una propuesta de los socialistas para establecer una nueva línea de transporte público fue también rechazada, aunque contaba con el apoyo de PRC e IU. El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, cuestionó la claridad de la propuesta, argumentando que no especificaba si se trataba de una línea nueva o de una ampliación de los recorridos existentes.

Finalmente, se desestimó una moción de Vox que pedía información sobre el cumplimiento de mociones previas, a pesar del apoyo recibido de la oposición. En contraste, se aprobó por unanimidad una solicitud del PRC para realizar un estudio sobre la rotonda de Nueva Montaña, mientras que se acordó que las diferentes fuerzas políticas de Santander insten al Gobierno de España a adoptar medidas para recuperar zonas afectadas por desastres naturales, aunque Vox expresó su desacuerdo, considerándolas insuficientes.