El Ayuntamiento de Cartes fue el escenario de una intensa manifestación este viernes, donde numerosos residentes se congregaron para expresar su firme rechazo a la inminente apertura de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados, que será administrado por la Fundación Cuin bajo la supervisión del Gobierno de Cantabria, dirigido por el Partido Popular.

Durante la sesión plenaria, la atmósfera se tornó tensa, marcada por gritos y protestas de los vecinos, quienes no dudaron en confrontar a algunos concejales, lo que llevó a estos a denunciar "faltas de respeto". Los habitantes del municipio preocupados expusieron sus temores sobre el posible aumento de la inseguridad y la delincuencia que la llegada de estos menores podría acarrear, especialmente en un lugar donde la presencia policial se reduce después de las 15:00 horas.

La alcaldesa Lorena Cueto, del PSOE, reconoció durante el pleno que no poseía información más allá de lo que ya era de dominio público sobre el centro en cuestión. Aclaró que la apertura está programada para el 2 de febrero, aunque fuentes del Gobierno regional indicaron que esta fecha solo señala la disponibilidad del personal que trabajará en el centro, mientras que los menores llegarán "cuando se les envíe".

Cueto también advirtió sobre las condiciones del inmueble adquirido por el Gobierno, sugiriendo que casi una veintena de menores, aproximadamente 18, podría terminar "hacinada" dentro de sus instalaciones. Fue ella quien, el 27 de enero, anunció a través de sus redes sociales la compra del edificio en el Camino Real de Cartes, despertando un torrente de rumores en el municipio.

En su publicación, se lamentó de que fuera la Fundación encargada de gestionar el centro la que le confirmara la noticia, una comunicación que no había recibido del Gobierno autonómico ni de los concejales del PP de la localidad. Cueto condenó la decisión del Ejecutivo liderado por Buruaga como "unilateral", señalando que no hubo consulta ni acuerdo con el Ayuntamiento, lo que considera un manejo opaco y desconsiderado por parte del Gobierno regional.

La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento exigirá claridad al Gobierno, pidiendo explicaciones sobre las razones que llevaron a elegir Cartes para establecer este centro de menores. Desde su perspectiva, es una situación "muy grave" que denota falta de responsabilidad por parte de las autoridades, que actúan "a escondidas" y sin ofrecer justificaciones adecuadas, subrayando que su compromiso está con la comunidad local y no con decisiones impuestas.

El día siguiente, la presidenta Buruaga defendió la creación del centro argumentando que es fruto de la política migratoria del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, y criticó los criterios "arbitrarios" en los repartos de migrantes, señalando la falta de recursos suficientes. Además, lanzó una respuesta a Cueto, indicando que esta se equivocaba en sus reclamaciones, sosteniendo que no existe opacidad en las decisiones del Gobierno.

Buruaga también cuestionó las declaraciones de Cueto, tachando de "inaceptables" sus comentarios sobre un "castigo" para Cartes al recibir un centro de protección de menores, y remarcó la visión de la administración sobre el manejo de recursos destinados a la protección en general, aclarando que la información no se divulga públicamente para proteger la privacidad de los beneficiarios.

En la jornada posterior, Cueto respondió a las afirmaciones de Buruaga, enfatizando que Cartes no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la adecuada inclusión y adaptación de los menores, a diferencia de otras localidades más grandes que poseen una infraestructura más robusta en cuanto a educación y servicios. La alcaldesa subrayó que su postura no deriva de la insolidaridad, sino de un firme compromiso con los intereses de los ciudadanos de Cartes, ante un Gobierno que ha actuado sin consideración hacia la comunidad local.

Así, Cueto matizó que, aunque refirió un "castigo" a su municipio, no se refería a los menores, sino al hecho de que es la segunda vez en un corto lapso que el Gobierno toma decisiones que afectan directamente a Cartes. Este hecho subraya la tensión existente entre las autoridades locales y el Gobierno regional, haciendo evidente la necesidad de un diálogo más constructivo para abordar estas delicadas situaciones sociales.