En Santander, específicamente en el área de Nueva Montaña, un propietario ha recuperado su vivienda después de casi dos años de lucha ante el injusto fenómeno del 'inquiokupa'. Este miércoles, 17 de septiembre, un desalojo judicial ha puesto fin al sufrimiento del dueño, quien había enfrentado impagos por concepto de alquiler y servicios básicos como luz, agua y gas.

El propietario, en declaraciones a Europa Press, destacó que el lanzamiento se llevó a cabo a las 9:00 horas, tras un largo proceso marcado por "promesas rotas" por parte del inquilino y una interminable batalla legal que se prolongó más de lo esperado.

Cuando se realizó el desalojo, el inquilino no se encontraba en la vivienda, que presentaba un estado lamentable, con suciedad evidente y muebles en mal estado, reflejando así la falta de cuidado por parte del morador.

La historia comenzó cuando el propietario alquiló la vivienda a una joven pareja con un hijo pequeño y al padre del hombre. La inmobiliaria presentó a este locatario como un contratista de obra, quien aparente tenía la documentación necesaria en regla. Al principio, los pagos de alquiler, que ascendían a 700 euros mensuales por un espacioso inmueble de tres habitaciones y dos baños, se realizaban puntualmente.

Sin embargo, el escenario cambió cuando se acordó que el inquilino pagara directamente los consumos de servicios, lo que resultó en un caos total: las facturas no eran saldadas, y las compañías de servicios comenzaron a acosar al propietario por los impagos, mientras el inquilino alegaba “errores bancarios” para evadir su responsabilidad.

En un intento por mantener la buena fe, el propietario volvió a facilitar su número de cuenta, pero eso solo condujo a más problemas. El inquilino empezó a pagar de manera irregular y, finalmente, dejó de hacerlo en enero del año anterior. A partir de entonces, los propietarios se vieron obligados a recurrir a su abogado del seguro de impagos, quien tomó las riendas de la situación legalmente.

A lo largo de este proceso, el inquilino ignoró reiteradamente las solicitudes del propietario, quien incluso se vio frustrado cuando una persona ajena recogió una citación 'por error'. En ocasiones, el inquilino prometió liquidar la deuda en plazos, pero tales promesas nunca se cumplieron, y llegó a amenazar con presentar alegaciones sobre su situación familiar para retrasar aún más su desalojo.

El dueño de la propiedad ha compartido su profundo descontento por la situación que ha vivido, subrayando que no se encuentra en una posición económica fácil, ya que ha tenido que pagar tanto la hipoteca de su propia vivienda como la del inmueble arrendado, un inversión pensada para su futuro. Ante esta amarga experiencia, aconseja a otros arrendadores contratar un seguro por impago y dar de baja los servicios de luz, agua y gas al tener un nuevo inquilino.

El propietario también ha expresado su indignación hacia las autoridades, las cuales, según él, favorecen al inquilino y dejan desprotegido al arrendador, quien se encuentra en una situación desesperante. Como resultado de esta desafortunada experiencia, el propietario no descarta la posibilidad de vender la vivienda, reflejando su desánimo ante lo que ha vivido.