El presidente del Gobierno de Cantabria, del Partido Popular, ha implementado modificaciones en el convenio singular establecido con el Hospital de Santa Clotilde que podrían impactar significativamente su financiación. Según estos nuevos términos, el hospital enfrentará una reducción del 1% en su facturación anual si no logra alcanzar al menos el 80% de los objetivos de actividad y calidad establecidos.

Esta información fue divulgada a través de una nueva adenda del convenio, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de Cantabria. Este acuerdo se firmó el 31 de octubre de 2025 y comenzó a regir el 1 de enero de 2026, con una duración inicial de 16 años, prorrogable por cuatro años más, garantizando alrededor de 16 millones de euros anuales para el centro hospitalario.

Los criterios que se emplearán para evaluar el desempeño del hospital abarcan diversas áreas, incluidas los índices de estancia y complicaciones durante la hospitalización, así como los resultados en la actividad quirúrgica, donde se medirán tasas de mortalidad y reingresos. También se examinará la accesibilidad a los servicios, asegurando tiempos razonables para intervenciones y consultas.

La nueva cláusula afectará la financiación del hospital, puesto que el 1% de esta se encuentra condicionada al nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos. La adenda específica que estas modificaciones no incrementarán el límite máximo de financiación previamente establecido en el acuerdo original.

A pesar de las especificaciones de la adenda, el partido Podemos ha expresado su preocupación ante un posible aumento no justificado en los costos del convenio. Critican que el Gobierno no presentada un análisis claro sobre el impacto fiscal de estos cambios, ni ha proporcionado una memoria económica que detalle las circunstancias del acuerdo.

Podemos ha destacado la falta de claridad del Ejecutivo, especialmente durante la fase de investigación por parte del Tribunal de Cuentas. También han señalado que, si bien la adenda incorpora indicadores de actividad y calidad, la ausencia de datos antecedentes y criterios de seguimiento plantea riesgos sobre la transparencia del proceso.

La formación política ha decidido llevar este asunto al Tribunal de Cuentas, insistiendo en que la ciudadanía debe conocer a fondo cómo se están utilizando los fondos públicos. "No se puede gestionar un convenio de esta magnitud sin la debida transparencia", han enfatizado en sus declaraciones.

Por otro lado, el consejero de Salud, César Pascual, ha defendido que los criterios establecidos en la adenda se han diseñado de manera "transparente", aunque la controversia persiste en torno a la aplicación y supervisión de estos estándares en el día a día del hospital.