SANTANDER, 16 de enero. El Ayuntamiento de Santander se ve obligado a cancelar el examen programado para el próximo 24 de enero, destinado a seleccionar a diez auxiliares administrativos. Esta decisión surge tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que declaró caducada una plaza previamente convocada en 2022, en el marco de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019. Como resultado, se anulan todos los actos administrativos que fueron realizados posteriormente, afectando de manera directa a la convocatoria actual.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, anunció esta medida en un comunicado, enfatizando que se toma a causa de factores ajenos a la voluntad del Ayuntamiento. Portilla aseguró que se están realizando esfuerzos para acelerar los trámites necesarios para reiniciar el proceso de selección, con la esperanza de que se puedan volver a convocar las pruebas en un plazo no mayor a seis meses.

En cuanto a los aspirantes que habían pagado la tasa de examen, el concejal anunció que se procederá a la devolución de los importes. Pronto se informará a los participantes sobre cómo podrán solicitar la restitución de las tasas abonadas en 2022.

“Lamentamos profundamente las molestias que esta suspensión puede causar a los aspirantes que se preparaban para estas oposiciones. Sin embargo, debido a la reciente sentencia del TSJC y la incertidumbre legal que ha generado, no hay otra alternativa que tomar esta decisión”, manifestó Portilla, quien confirmó que el proceso de selección será reactivado a la mayor brevedad posible.

La noticia de la sentencia del TSJC llegó al Ayuntamiento este jueves, cuando quedó claro que la plaza convocada en 2022 había caducado en relación con la OEP del 2019, invalidando así todas las actuaciones administrativas posteriores.

La resolución del TSJC se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2025, que modifica la interpretación sobre la caducidad de plazas dentro de la OEP. Según esta nueva interpretación, el período de tres años, establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público, debe considerarse como el tiempo máximo para completar todo el proceso, desde la convocatoria hasta los nombramientos, y no solo como referente a la convocatoria en sí.

En consecuencia, y dada la incertidumbre jurídica que se ha generado, el Ayuntamiento se encuentra en una posición donde no tiene más opción que suspender la convocatoria de estas diez plazas de auxiliar administrativo, relacionadas con la OEP de 2019, que iba a iniciar su evaluación este sábado.

Hasta ahora, el Ayuntamiento había intentado avanzar en la OEP, buscando un equilibrio entre las directrices del Supremo y los posibles perjuicios sobre los aspirantes que ya estaban admitidos al proceso. Sin embargo, con la llegada de la nueva sentencia, el concejal ha dejado claro que la decisión se vuelve ineludible, dado que el TSJC ha adoptado plenamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Portilla concluyó asegurando que el Ayuntamiento está comprometido a negociar y convocar con la mayor rapidez posible la OEP 2026, la cual incluirá al menos estas diez plazas, además de las siete que ya han sido aprobadas en las OEP de 2023, 2024 y 2025, con el propósito de que los exámenes puedan llevarse a cabo en un plazo aproximado de seis meses.