El pasado 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Santander ha dado un paso significativo al iniciar un expediente para abordar la eventual resolución del contrato firmado con Légamo Infraestructura Verde, la empresa encargada de la conservación, limpieza y mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad. Esta medida se toma como respuesta a múltiples incumplimientos que contravienen lo acordado en el pliego del contrato.

Légamo asumió la gestión de este servicio crucial para la comunidad hace dos años, en diciembre de 2022, con un contrato que se extendería hasta 2027 por un valor anual de 11,3 millones de euros. Sin embargo, la creciente preocupación del Ayuntamiento por el desempeño de la empresa ha llevado a la Junta de Gobierno Local a tomar acción.

En un comunicado emitido el lunes, se anunció que dicha Junta ha aprobado la apertura de un expediente que puede culminar en la resolución del contrato con Légamo, sustentado en una serie de incumplimientos de las condiciones estipuladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Además, se informa que también se ha dado luz verde para abrir un expediente sancionador en contra de la empresa, el cual se fundamenta en 14 infracciones que suman un total de 160.000 euros. Esta cifra se añade a las sanciones ya impuestas hace menos de un mes, cuando se cerró otro expediente que resultó en una multa de más de 48.000 euros por incumplimientos contractuales.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha puesto de manifiesto la responsabilidad del equipo de Gobierno en la gestión del dinero público, resaltando que "el nivel de exigencia con los contratos municipales es el máximo". Esto implica que el Ayuntamiento está decidido a asegurarse de que se cumplan todas las condiciones acordadas.

El expediente de resolución del contrato tiene fundamento en tres informes que documentan los reiterados incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el PCAP. Por otro lado, el nuevo expediente sancionador se basa en ocho informes técnicos del responsable del servicio, cada uno evidenciando las 14 infracciones que han llevado a la considerable sanción económica.

Una vez que ambos expedientes hayan sido aprobados en la Junta de Gobierno, se notificará a Légamo sobre los informes que sustentan tanto la resolución del contrato como la propuesta de las sanciones. La empresa tendrá la oportunidad de presentar alegaciones durante un periodo de 10 días hábiles.

Rojo ha enfatizado que el equipo de Gobierno actúa con responsabilidad al tomar decisiones fundamentadas en informes técnicos, asegurando que los servicios públicos se presten en conformidad con los contratos establecidos. “Desde el primer momento” tras la firma del contrato, se han implementado diversas medidas destinadas a garantizar que la calidad del servicio sea la óptima, brindando también a la empresa la oportunidad de corregir cualquier deficiencia en el plazo correspondiente.

Finalmente, la concejala ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento en la búsqueda de servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos de Santander, asegurando que continuarán trabajando sin descanso a pesar de los esfuerzos que esto implique.