El equipo de gobierno de Santander, dirigido por el Partido Popular, ha desvelado este martes su propuesta para la nueva normativa sobre terrazas. Esta iniciativa incluye una serie de modificaciones significativas, destacando la restricción del horario de cierre a las 00:30 horas, tanto en días hábiles como en fines de semana, excepto durante la Semana Grande. Además, se prevé la delimitación física de las terrazas mediante la instalación de “tachuelas” en el pavimento.

El documento presentado aboga por la mejora de la limpieza y la accesibilidad en las áreas de terraza, al tiempo que busca reducir la burocracia y aumentar el control ambiental, especialmente en relación con el nivel de ruido generado. De esta manera, se permitirá la instalación de pantallas, aunque estas no podrán emitir sonido ni publicidad. Además, las mesas y sillas deberán contar con gomas para evitar ruidos al ser movidas.

Entre las medidas destacadas, se especifica que el mobiliario deberá ser apilable, permitiendo su recogida diaria. Asimismo, uno de los propósitos de esta propuesta es consolidar un modelo de terrazas estandarizadas. Para ello, se incentivará a los hosteleros de la misma zona a acordar una estética común en el proceso de renovación de sus elementos.

En el apartado sancionador, la propuesta contempla un nuevo régimen de multas que oscilarán entre 750 y 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, que puede clasificarse como leve, grave o muy grave.

Otro aspecto novedoso es que los establecimientos de hostelería podrán ocupar hasta el 50% de la superficie exterior del local vecino, siempre que cuenten con la correspondiente autorización, lo cual representa un cambio respecto a la normativa anterior que les permitía ocupar la totalidad del espacio.

La iniciativa presentada por el equipo de gobierno aún se encuentra en una fase incipiente, según ha indicado la alcaldesa Gema Igual. Tras su exposición, el texto será publicado en el sitio web del Ayuntamiento, permitiendo a los ciudadanos realizar sus sugerencias durante un plazo de diez días.

Posteriormente, la propuesta deberá ser aprobada en la Junta de Gobierno Local, donde se otorgará a los diferentes grupos políticos de la Corporación otro plazo de diez días para presentar enmiendas. Tras este proceso, el documento se someterá a la Comisión y al Pleno para su aprobación inicial, dando lugar a un período de 30 días para que se presenten alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Igual ha expresado su optimismo sobre la posibilidad de que la ordenanza se implemente en primavera del próximo año, aunque esto dependerá de las numerosas sugerencias que, prevé, se recibirán de la ciudadanía.