• miércoles 28 de septiembre del 2022

Santander recurrirá las sentencias de las deducciones a Ascan-Geaser por el servicio de basuras

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La Junta de Gobierno autoriza a la Asesoría Jurídica municipal a apelar frente al TSJC sin aguardar a la liquidación del contrato

SANTANDER, 19 Sep.

La Junta de Gobierno Local de Santander ha acordado este lunes, en su asamblea semanal, autorizar a la Asesoría Jurídica Municipal a interponer recurso de apelación frente al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en frente de las sentencias notificadas al Ayuntamiento sobre las deducciones en las facturas a la UTE Ascan-Geaser, previo adjudicataria del servicio de limpieza y obtenida de basuras en la localidad.

Así lo informó la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en un aviso en el que ha señalado que las resoluciones conocidas hasta la actualidad, de diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo, estimaron relativamente las solicitudes, al confirmarse ciertos descuentos y anularse otros, por partidas de personal y la obtenida de papel y cartón en shoppings en diferentes facturas.

En los primeros nueve errores, que corresponden a media parta de los litigios entre el Consistorio y la UTE 'Protege Protege', los jueces condenaban a la administración a reembolsar cuando menos mucho más de 1,2 millones a la mercantil, que por su lado elevaba la cuantía a los 1,4 millones.

La edil ha señalado que los jueces han considerado "atinados 4 de los seis conceptos" por los que se hicieron las detracciones -la interfaz informática, el parque de papeleras, la inversión en medios especialistas y la inversión en información y sensibilización-, lo que piensa "un ahorro de 900.000 euros sobre lo predeterminado en el contrato".

En cuanto a los 2 conceptos cuya deducción quedó cancelada en el juzgado de forma "provisional", como remarca el Ayuntamiento, la Asesoría Jurídica municipal cree que "no es necesario aguardar a la liquidación del contrato" para recobrar los importes retenidos a la UTE, ya que, "con independencia del método que se emplee para cuantificarlo, hay un claro déficit en el plantel contratado por la concesionaria para prestar el servicio, que asimismo fué avalado por el Consejo de Estado".

"Las sentencias cuestionan la carencia de mayor claridad en las explicaciones, pero dan la razón al Ayuntamiento en lo que se refiere a que los costos de personal directivo son costos en general que no tienen la posibilidad de computarse un par de veces y además de esto no prejuzga los incumplimientos, o sea, que, si bien haya que achicar la detracción practicada siempre y en todo momento resultará un saldo conveniente para el Consistorio", explicó Rojo.

En este sentido, ha recalcado que el déficit de personal fué un método "avalado" por el Consejo de Estado al pronunciarse sobre el expediente que condujo a la resolución del contrato por incumplimiento culpable de la previo concesionaria.

Y además, la concejala del ramo ha incidido en que de los tres apartados que entendía la deducción en temas de personal, las sentencias "no han examinado 2" de ellos, específicamente el que "forzaba" a la UTE a contratar personal plus para contemplar las bajas superiores a siete días, un término que "piensa prácticamente medio importe anulado".

"Con todos estos razonamientos, la Asesoría Jurídica municipal va a recurrir los errores judiciales ya que, tras investigar pormenorizadamente exactamente los mismos, disiente de la opinión del Juzgado en lo que se refiere a que haya que aguardar a la liquidación del contrato para recobrar los importes retenidos", informó Rojo.

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