Una nueva controversia se cierne sobre Santander debido a la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), provocando un aluvión de críticas por parte de la Asamblea Ciudadana Santander Saludable, que ha decidido presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo. La organización sostiene que la falta de diálogo y transparencia durante el proceso ha sido un punto crítico, argumentando que la ZBE no traerá reales beneficios para la salud pública de los ciudadanos.

En medio de este panorama, la Asamblea también se encuentra analizando las posibilidades de emprender acciones legales, con la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo en contra de la Ordenanza. Este paso está siendo considerado con urgencia, ya que el plazo para la presentación de recursos finaliza el próximo 5 de febrero. Por ello, están buscando asesoría legal para abordar el asunto con la mayor seriedad posible.

La ZBE entró oficialmente en vigor el 1 de enero, después de haber sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria. Este cumplimiento llega tres años después del límite establecido por la Ley de Cambio Climático, lo que incrementa la polémica en torno al manejo y aplicación de la normativa por parte del Ayuntamiento.

La queja registrada ante el Defensor del Pueblo detalla un conjunto de preocupaciones, incluyendo lo que la Asamblea define como un "engaño" a la población. Critican el uso de fondos públicos para implementar una medida con, según ellos, un "impacto casi inexistente" en la salud de los ciudadanos, que debería ser el principal objetivo de tales políticas locales.

En su denuncia, la Asamblea resalta que la administración del Partido Popular ha mostrado una clara falta de respuesta a las alegaciones presentadas por diversos colegios y ciudadanos, además de no hacer públicos datos clave sobre contaminación y niveles de ruido, que deberían ser accesibles según la ley. Destacan que estos datos, financiados con fondos europeos, son fundamentales para la evaluación de las políticas ambientales en la ciudad.

Otro de los problemas mencionados es la ausencia de un proceso de participación ciudadana real en los últimos cinco años. Según la Asamblea, no se han realizado suficientes diálogos con asociaciones, técnicos y la ciudadanía sobre las implicaciones de la ZBE, lo que limita la efectividad y la aceptación de esta ordenanza.

Al evaluar la respuesta del Ayuntamiento a las alegaciones, la Asamblea critica duramente la falta de propuestas alternativas al texto de la normativa, lo que, afirman, emplea una estrategia desleal al trasladar la responsabilidad sobre posibles faultas a los colectivos ciudadanos en lugar de los servicios técnicos municipales.

La organización argumenta que toda esta situación implica una violación de derechos fundamentales, tales como el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la información. Este descontento, dicen, ha generado incertidumbre entre la ciudadanía y ha retrasado esfuerzos cruciales en educación y gestión del entorno urbano.

Además, apuntan que la Ordenanza no cumple con normativas nacionales al no abarcar áreas significativas de la ciudad que realmente enfrenten problemas de contaminación. Muchos ciudadanos de Santander son afectados por altos niveles de polución y ruido que provienen principalmente del tráfico, lo que agrava la situación.

Por si fuera poco, critican la exclusión de áreas de Especial Sensibilidad como hospitales, escuelas y centros cívicos de la ZBE, lo cual consideran una omisión inaceptable, ya que estos lugares son precisamente los más afectados por los altos niveles de contaminación.

La Asamblea Ciudadana ha convocado la atención sobre la administración local, acusando a la alcaldesa, Gema Igual, y su equipo de falta de compromiso con la salud pública. Argumentan que el gobierno parece ignorar la evidente contaminación en la ciudad y no adopta las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los santanderinos.

Finalmente, lamentan la desconexión entre la imagen pública que se proyecta de una ciudad "verde y saludable" y la dura realidad de problemas estructurales que afectan su calidad de vida. Años de inacción han perpetuado desafíos, tales como la escasez de áreas verdes, altos niveles de contaminación, tráfico congestionado y otros problemas urbanos que requieren atención urgente.