En Santander, el día de hoy tuvo lugar una concentración donde más de 200 personas, según cifras de los organizadores y alrededor de 150 según la Policía, se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno. Este evento fue convocado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, con el objetivo de exigir incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios en todo el país.

Los asistentes a la protesta requirieron al Gobierno de España, y específicamente al ministro de Función Pública, Óscar López, que inicie negociaciones para un nuevo acuerdo que ajuste los salarios de los empleados públicos, quienes han vivido una congelación salarial desde enero de 2025.

Los líderes sindicales lanzaron un claro mensaje de advertencia: si el Gobierno no se siente a negociar y no desbloquea el acuerdo que han estado demandando durante los últimos ocho meses —ya que el anterior expiró a comienzos de este año—, podrían ver a los trabajadores en la calle. Además, afirmaron que la justificación de la falta de presupuestos no es un argumento válido para continuar con la situación actual.

La manifestación en Santander, que interrumpió temporalmente la circulación en la calle Calvo Sotelo, forma parte de una serie de protestas organizadas por estos sindicatos en diversas ciudades de España, así como en frente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estos actos tienen como meta la defensa de servicios públicos de calidad, mejoras salariales, aumento del empleo y condiciones laborales dignas para más de 3,5 millones de empleados públicos a nivel nacional.

En conversación con periodistas, Martín Calonge, secretario general de UGT Servicios Públicos en Cantabria, criticó la falta de inversión del Gobierno en el sector público, que desempeña un papel fundamental en la garantía del estado de bienestar. Hizo un llamado directo al ministro para que se sente a negociar “de una puñetera vez”.

Por su parte, Arantxa Cossío, coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, expresó su preocupación al señalar que, a pesar de que el Gobierno asegura que la economía está en un excelente estado, los empleados públicos continúan con sus sueldos congelados durante todo este año.

Según ella, es imperativo realizar un aumento salarial, el cual considera crucial no solo para mantener los servicios públicos, sino también para preservar el estado de bienestar. Además, destacó que mientras el sector privado está acordando incrementos salariales de hasta el 3,7 por ciento, los pensionistas disfrutan de un aumento del 1,8 por ciento, los empleados públicos merecen una retribución que refleje su esfuerzo y compromiso.

El presidente autonómico de CSIF en Cantabria, Manuel Garay, también reivindicó la defensa de los derechos sociales de los empleados públicos, denunciando la precariedad laboral que muchos enfrentan. Criticó las limitadas ofertas de empleo público y la incapacidad del Gobierno para cubrir las jubilaciones, lo que está generando un déficit crítico en servicios esenciales.

Adicionalmente, Garay advirtió sobre el aumento de la tasa de interinidad hasta alcanzar un 30 por ciento, lo que está ocasionando multas por parte de la Unión Europea. En cuanto a los salarios, mencionó que aún se sienten los efectos de las congelaciones que datan del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que las pagas extraordinarias no se han restablecido completamente.

Finalmente, Garay subrayó que la falta de un presupuesto general no es una excusa válida para los sindicatos, argumentando que existen mecanismos disponibles para la recuperación de derechos para los empleados públicos, más allá de la cuestión económica.