En Santander, el 24 de enero, ha surgido un caso alarmante que refleja la creciente violencia hacia el personal médico en los centros de salud. La Fiscalía ha solicitado una condena de 13 años de prisión y una indemnización de 139.300 euros para un individuo que, presuntamente, agredió a un médico y a un celador en el centro de salud Los Castros.

El incidente ocurrió cuando el acusado, acompañado por su madre —quien también enfrenta cargos—, acudió al centro médico en busca de atención. Sin embargo, un problema con su empadronamiento impidió la asistencia, lo que desencadenó una discusión con un celador, según revela el informe del ministerio público.

El documento de acusación detalla que el individuo intentó agredir al celador al insertar su brazo a través de una pantalla protectora. En una rápida intervención, un médico que estaba en el turno de urgencias se acercó para mediar en el conflicto.

Con un claro propósito de atacar al médico, el acusado le propinó un fuerte cabezazo que lo derribó al suelo, seguido de múltiples golpes en la cara. Cuando el celador acudió en su ayuda, el agresor no dudó en arremeter contra él de igual manera, golpeándolo en el rostro.

A medida que la situación se intensificó, el médico se levantó e intentó sacar al atacante del centro de salud para detener la violencia. Sin embargo, el agresor lo acorraló entre las puertas correderas, continuando con los puñetazos en su cara. La agresión solo cesó cuando el personal de salud logró expulsar a los acusados del lugar.

Al abandonar el centro, una enfermera confrontó a la madre del agresor sobre su conducta. En respuesta, ella lanzó una amenaza perturbadora: “No saben lo que han hecho, voy a prender fuego al chiringuito con todos dentro”.

Los efectos de esta brutal agresión fueron graves. El médico sufrió lesiones severas, incluida una fractura en los huesos nasales, pérdida de visión y estrés postraumático. El celador, por su parte, pasó por una rotura del tendón del bíceps derecho y contusiones en la mandíbula y el oído.

La Fiscalía ha calificado los actos del agresor como delitos de lesiones graves, lesiones y atentado, mientras que a su madre se le atribuye un delito leve de amenazas. La variante penal solicitada incluye 13 años de prisión, además de medidas de alejamiento e incomunicación con las víctimas durante varios años.

Las indemnizaciones solicitadas son significativas: 124.000 euros para el médico y 15.300 euros para el celador. Por su parte, la acusación particular del médico eleva su demanda a 147.600 euros, mientras que la del celador asciende a 16.700 euros.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, que actúa como acusación popular, también se ha pedido una pena de doce años de prisión, así como el alejamiento de los acusados del personal médico afectado y del centro de salud por periodos que van de cinco a diez años.

El juicio correspondiente se llevará a cabo el martes 27 de enero a las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.