En Santander, el 25 de enero, la Fiscalía ha presentado un caso que ha desatado controversia, solicitando penas severas para dos hermanas acusadas de defraudar a su propia tía a través de la compra de unas fincas que eran propiedad compartida de la madre de las acusadas y su hermana. La demanda incluye dos años de prisión, una multa de 3.600 euros y una indemnización de 86.168 euros para la tía afectada, quien no estuvo al tanto de las transacciones ni consintió el precio de venta.

El Ministerio Público argumenta que la tía se encontraba en una situación financiera complicada y otorgó un poder a su hermana —madre de las acusadas— para gestionar la venta de las cuatro propiedades que poseían conjuntamente. Sin embargo, se alega que esta mujer comercializó las fincas a sus hijas por un precio de solo 22.000 euros, un monto que se sabía era notablemente inferior al real, en su intento de obtener un beneficio ilícito.

Según informes de tasación de un perito judicial, el verdadero valor de las fincas al momento de la transacción era de 108.200 euros, con un valor catastral incluso más elevado, alcanzando los 166.600 euros. La Fiscalía sostiene que las acusadas sabían que la tía no había sido notificada sobre la venta, ni había dado su consentimiento para el precio, lo que las convierte en culpables de un delito de estafa.

La acusación ha solicitado que cada una de las hermanas reciba la mencionada condena de dos años de prisión, además de la multa y la indemnización correspondiente. Por su parte, la acusación particular ha incrementado la solicitud de pena de prisión a tres años y ha solicitado una multa de 1.080 euros, manteniendo la cifra de indemnización establecida por la Fiscalía.

La defensa de las acusadas ha argumentado que el acuerdo de venta fue entre las dos propietarias, y que sus clientes no intervinieron en el proceso, limitándose a seguir el deseo de su madre de adquirir la participación de su tía por los 22.000 euros señalados. Además, indican que un año después del acuerdo, la tía expresó su descontento al recibir la liquidación de la plusvalía y recriminó a su hermana la falta de responsabilidad de sus hijas.

Como cierre, la defensa también ha señalado que, en un giro inesperado, la hija de la perjudicada presentó una denuncia por estafa, acusando un abuso de confianza y aprovechamiento de la situación vulnerable de su madre. El juicio por este complejo caso se llevará a cabo el miércoles, 28 de enero, a las 10:00 horas, en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la región.