En una reciente acción judicial, la Fiscalía ha emitido una dura demanda contra un individuo acusado de desviar por completo la actividad de una asesoría y una correduría familiares hacia otras empresas de su propiedad. Este movimiento se habría llevado a cabo junto a su madre y hermana, implicando la extracción de 63.000 euros del patrimonio de dichas entidades.

El caso no solo involucra al principal acusado; se le señala también a su cuñado como cómplice en el manejo fraudulento de los negocios familiares, enfrentando una petición de dos años y medio de prisión en su contra.

La acusación privada, ejercida por la hermana del acusado principal, ha elevado la solicitud de pena a once años y un mes para su hermano y tres años para su cuñado. Además, se pide que se impongan penas de cinco años y cuatro meses a seis empleadas que fueron trasladadas a las nuevas empresas, a pesar de que la Fiscalía aboga por el sobreseimiento de los cargos en su contra.

Según el documento de acusación de la Fiscalía, el administrador de la gestoría y la correduría llevó a cabo un meticuloso plan para trasladar la actividad de ambas a nuevas empresas que él controlaba, buscando así un beneficio personal que perjudicó a las entidades originarias y sus socias.

En conjunto con su cuñado, el acusado construyó dos nuevas empresas que inicialmente fueron registradas a nombre del cuñado, pero que rápidamente fueron trasladadas bajo el control del principal acusado. La Fiscalía enfatiza que este plan requería acceso a información confidencial de las empresas originales, que son fundamentales para su valor en el mercado.

Para obtener esta información, el acusado utilizó software especializado para copiar datos del servidor de las empresas a un dispositivo externo, permitiendo así el uso indebido de esos datos en beneficio de las nuevas sociedades creadas.

Los fiscales argumentan que tanto él como su cuñado llevaron a cabo la recolección y transferencia de información, lo que representó un grave perjuicio para las empresas que originalmente administraban.

Además de la fuga de información, el principal acusado realizó transferencias de un total de 63.000 euros a cuentas bajo su control, dinero que no fue devuelto en ningún momento. Pese a que dejó su cargo como administrador, se registró a sí mismo en una nueva empresa con el mismo enfoque comercial de intermediación en el sector de seguros.

Los fiscales sostienen que estas acciones constituyen delitos de revelación de secretos empresariales, apropiación indebida y administración desleal. Por ello, han solicitado una pena de nueve años de prisión para el principal acusado, junto a una multa de 3.600 euros, mientras que para el cuñado se piden dos años y medio tras las rejas.

En términos de responsabilidad civil, el principal acusado deberá indemnizar a las empresas afectadas con la suma de 63.000 euros por apropiación indebida, además de lo que se determine en la sentencia respecto a los otros delitos.

La Fiscalía ha recomendado el sobreseimiento de los cargos contra las seis trabajadoras, argumentando que no se ha demostrado su implicación sustancial en el acceso a datos confidenciales. Según su juicio, su trabajo se limitó a hacer un traspaso de clientes basándose en la información proporcionada por su superior.

Sin embargo, la acusación privada considera que las empleadas deben ser responsabilizadas por sus acciones, que incluyen revelación de secretos y suplantación de identidad, argumentando que su papel en la causa fue significativo.

El tribunal comenzará a revisar el caso el 2 de febrero, con sesiones programadas hasta el 6 de febrero, según anunciaron las autoridades judiciales de Cantabria.