SANTANDER, 26 de noviembre. En un caso que pone de relieve la vulnerabilidad del sistema financiero, dos individuos se enfrentarán a un posible encarcelamiento de siete años, además de una multa que supera los 600.000 euros, por orquestar un fraude que implicó la sustracción de cerca de medio millón de euros de la cuenta de una empresa de limpieza localizada en Torrelavega.

La Fiscalía ha calificado a los acusados como responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales. Por su parte, la empresa afectada, que ha decidido ejercer la acusación particular, también ha incluido en su denuncia un cargo por falsedad documental y exige una severa condena de hasta 15 años de prisión, una multa que supera el millón de euros y tres años de inhabilitación para poder ejercer cualquier actividad económica.

El juicio está programado para llevarse a cabo el jueves 27 de noviembre, comenzando a las 9:30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la región.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los acusados o personas no identificadas logró acceder de forma ilícita a la banca online de la empresa afectada, transfiriendo 476.230 euros a la cuenta de una empresa de la que el acusado es administrador único.

Para ocultar el origen delictivo del dinero, este individuo llevó a cabo múltiples transferencias a cuentas del segundo implicado, incluyendo una notable transferencia de 403.800 euros a una sociedad que también fue creada por dicho acusado.

La Fiscalía sostiene que ambos individuos planearon su actividad delictiva de manera conjunta, con el objetivo de enriquecerse injustamente y encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos. Por esta razón, se les imputa un delito de estafa informática, además del blanqueo de capitales, lo que justificaría la pena de siete años de prisión y una multa de 603.600 euros.

Asimismo, el Ministerio Público reclama que los acusados indemnizen a la empresa de la que sustrajeron el monto de 475.230 euros como parte de su responsabilidad civil en el caso.

La acusación particular, respaldada por la empresa afectada, argumenta que los delitos cometidos incluyen estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, solicitando una condena de 15 años de prisión, una multa de 1.021.600 euros, la misma indemnización de casi medio millón de euros, y finalmente, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o actividad económica.