Crónica Cantabria.

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Tensiones en las negociaciones entre PP y PRC sobre el presupuesto de 2026 persisten sin ruptura oficial.

Tensiones en las negociaciones entre PP y PRC sobre el presupuesto de 2026 persisten sin ruptura oficial.

En Santander, las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) sobre el presupuesto para 2026 han encontrado nuevamente un obstáculo significativo. Durante su última reunión, los populares rechazaron varias condiciones propuestas por los regionalistas, argumentando que tres de ellas, todas vinculadas al ámbito sanitario, son “imposibles de cumplir”.

A pesar de las diferencias, el PP considera que tres de las condiciones restantes, que incluyen el programa de cribado del cáncer de mama, la opción de compra del polígono de La Vega en Reinosa y el abono de ayudas al sector primario, ya han sido satisfechas. Sin embargo, esta perspectiva no coincide con la opinión del PRC, que afirma que dichas condiciones aún no han sido cumplidas.

La reunión, que estuvo marcada por la incertidumbre sobre la asistencia de los regionalistas, terminó con un intercambio de acusaciones entre ambos partidos. Desde el PRC se ha criticado la “falta de voluntad” del PP para negociar, mientras que desde el PP se ha acusado a los regionalistas de mantener una postura “intransigente” y de estar aferrándose a condiciones que saben que no son asumibles.

María José González Revuelta, secretaria autonómica del PP, enfatizó en una rueda de prensa posterior que los regionalistas parecen no estar interesados en alcanzar un acuerdo, sino en encontrar razones para rechazar el presupuesto. Por su parte, la diputada Paula Fernández, quien aspira a la presidencia de Cantabria, expresó sus dudas sobre el éxito de las negociaciones, afirmando que no tiene “buen pálpito” tras el encuentro.

A pesar de los fracasos en las reuniones, ambos partidos no dan por finalizadas las negociaciones. Los regionalistas han manifestado su disposición para volver a reunirse y han dejado abiertas las líneas de comunicación hasta el próximo jueves, cuando se cierra el plazo para presentar enmiendas. En contraste, el PP sostiene que aún hay tiempo hasta el 24 de noviembre y espera que el PRC pueda reconsiderar su postura.

González Revuelta incluso propuso la celebración de una nueva reunión del Comité Ejecutivo del PRC para evaluar las razones expuestas por el PP y considerar propuestas alternativas para el presupuesto. El PP sostiene que dentro del PRC existen dos corrientes: una rígida que se opone a cualquier negociación y otra más razonable que está abierta a discutir.

Desde el PP, se sugiere que la actitud de Paula Fernández responde a una situación política desfavorable, ya que las encuestas no pronostican un buen futuro para su partido. González Revuelta comentó que sta situación no solo perjudica al PRC, sino a todos los ciudadanos de Cantabria.

Ambos partidos se han acusado mutuamente de estar llevando a cabo un “teatro” en torno a la negociación de los presupuestos. Durante la breve reunión, que apenas duró 20 minutos, se discutieron varias condiciones propuestas por el PRC, todas las cuales el PP rechazó, afirmando que deben ser decididas en base a criterios técnicos y no políticos.

Las condiciones en cuestión incluyen la reestructuración del sistema organizativo del hospital de Laredo y la agilización del programa de detección precoz del cáncer de mama, temas que el PP considera que ya están bajo control. Con respecto a la opción de compra del polígono de La Vega, el PP comunica que un experto ha tasado el terreno por debajo del valor de mercado, lo que complica la propuesta del PRC.

El PP también responde a las preocupaciones sobre las ayudas al sector primario, asegurando que han cumplido en todos los plazos establecidos y que algunas ayudas están por desembolsarse en breve. Afirman que solo queda pendiente la conocida ayuda “ecológica”, cuya demora se atribuye al anterior gobierno del PRC-PSOE.

Por último, respecto a la firma del acuerdo que afecta a los salarios docentes, el PP sostiene que no sería factible asumir dicho incremento sin contar con un presupuesto aprobado, advirtiendo que esto podría alterar el funcionamiento del servicio educativo.