El acuerdo relacionado con el soterramiento ferroviario en Torrelavega ha sido pospuesto debido a la reciente propuesta presentada por Adif, la cual será objeto de análisis en la próxima sesión plenaria.

El Gobierno municipal de Torrelavega, conformado por el PRC y el PSOE, llevó a cabo la aprobación en solitario de una subida del 4,8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el pleno celebrado el pasado martes. Este aumento se traducirá en un incremento mensual de aproximadamente un euro para los ciudadanos, y en un máximo de cuatro euros. Además, otras tasas municipales sufrirán un aumento del 5%, excluyendo el recibo del agua y el alcantarillado.

Entre las tasas que verán incrementos se encuentran el transporte municipal y las tarifas de las terrazas. Sin embargo, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha asegurado que se trata de incrementos “realmente simbólicos” y que “no pondrán en riesgo ninguna economía doméstica”. Por otro lado, ciertos impuestos, como el de vehículos y el ICIO, se mantendrán sin cambios, ya que, según el equipo de Gobierno, ya alcanzan “su máximo posible”.

En paralelo, se proyecta un aumento en el recibo de la basura que podría situarse en torno a un euro más al mes, en el marco de las normativas europeas que exigen una actualización de costos para alcanzar una gestión más eficiente de los residuos. A pesar de que la oposición ha interpretado esta subida como un “sablazo” del 10%, el Gobierno local ha defendido su necesidad al afirmar que “no podemos eludir la ley”.

La modificación de las ordenanzas fiscales ha sido aprobada únicamente con los votos a favor de PRC y PSOE. Sin embargo, la actualización de la ordenanza sobre la recogida de basura y residuos sólidos consiguió el respaldo de Torrelavega Sí, que comparte la opinión de que es fundamental que los ciudadanos abonen el costo real de los servicios que reciben.

A pesar de todo, la oposición no está de acuerdo con la estrategia de incrementar impuestos para incrementar los ingresos del Ayuntamiento y sugiere que deberían explorarse otras fuentes de financiación. Con esta subida, se espera que el consistorio recaude cerca de 632.000 euros adicionales. En el caso del IBI, el tipo impositivo pasará del 0,64% al 0,671%.

El concejal de Hacienda ha argumentado que si el objetivo realmente fuera la recaudación, los incrementos serían mucho más significativos. Sin embargo, los grupos de la oposición sostienen que el Gobierno municipal continúa generando “gasto superfluo” al tiempo que aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos, mientras que los servicios públicos se deterioran.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, ha denunciado que “todo está subiendo” y ha cuestionado cómo se financiarán proyectos como las reformas del Mercado de Ganados o del Palacio Municipal, dado que los impuestos ya están al máximo.

Roberto García Corona, de Vox, ha criticado con contundencia la situación fiscal, afirmando que la subida de impuestos “no tendrá fin” y que el Gobierno local “requiere de nuestro dinero porque lo está malgastando”. Según él, “no tenemos mejores servicios municipales, pero cada vez cuestan más a los vecinos”. Ha lamentado que “el Ayuntamiento tiene una dinámica financiera de bancarrota”.

Por su parte, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha puesto de relieve que “la clase trabajadora tendrá que pagar más, mientras que los servicios públicos se entregan a manos privadas”. Además, ha instado a implementar una política fiscal más progresiva, dado que “un jubilado o un trabajador paga lo mismo que grandes empresas”.

A pesar de estas críticas, se han aprobado actualizaciones en las bonificaciones para los servicios de agua y recogida de residuos, las cuales han pasado de estar ligadas al IPREM a estar asociadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), permitiendo que más familias puedan beneficiarse de ellas.

En esta sesión también estaba previsto abordar los cambios en el convenio de soterramiento ferroviario de la ciudad, que afectan aspectos como los costos y plazos del proyecto. Sin embargo, el asunto ha sido pospuesto hasta el próximo pleno, debido a la llegada de una nueva propuesta de Adif que se someterá a estudio, según lo comunicado por el alcalde, Javier López Estrada.

Un acuerdo que logró unanimidad fue la decisión de volver a licitar la segunda fase de la rehabilitación de La Lechera, planeada para convertir el lugar en un centro de arte y cultura, tras la deserción del primer concurso.

La Comisión Mixta conformada por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega revisó y actualizó el proyecto, incrementando los costos en un 10%, lo que elevó el presupuesto para esta obra de 10 a 11 millones de euros.

“El resto del proyecto permanece exactamente sin cambios”, ha detallado José Luis Urraca, portavoz del PSOE y concejal de Obras.

En otros temas, el PRC-PSOE también ha permitido un modificado presupuestario de 3,95 millones de euros. La oposición no apoyó esta medida, argumentando que no era viable llevarla a cabo “a estas alturas del año” y señalando la “incertidumbre” en torno a algunas partidas, como los 700.000 euros destinados a la compra de terrenos para construir viviendas públicas.

Desde el Gobierno local han defendido que “todos los años” se presenta una modificación presupuestaria “en el tramo final del año” para realizar “ajustes” en las partidas, mientras que la oposición ha criticado que “deberían estar enfocándose en aprobar el presupuesto de 2025”.

En este modificado destacan los 300.000 euros para la edificación de nuevas pistas de skate en Nueva Ciudad, en respuesta a la necesidad de aumentar la inversión prevista, así como 260.000 euros en subvenciones relacionadas con el traslado de actividades económicas y la mejora de fachadas, y 233.000 euros para contratos de obras afectadas por el aumento de precios de ciertos materiales.

En el ámbito de las mociones, Vox presentó una para solicitar una moratoria en la implementación de la Zona de Bajas Emisiones, hasta que se resuelva la disputa legal presentada por la Plataforma Salvar Torrelavega sobre esta ZBE, aunque no logró la aprobación ya que solo recibió el respaldo del PP.

Finalmente, la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), indicó que “cuando tengamos el veredicto, evaluaremos las acciones a seguir”, pero que “podemos avanzar en paralelo” en la preparación para la implementación de la ZBE.