El Ayuntamiento de Torrelavega ha tomado la decisión de mantener la subida del 4,8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2025, una medida que fue ratificada tras desestimar una alegación ciudadana presentada en el Pleno extraordinario del pasado viernes. Esta decisión proviene del equipo de Gobierno conformado por el PRC y PSOE, que ha optado por ignorar las preocupaciones de los ciudadanos en este aspecto fiscal.

Las ordenanzas fiscales, que se han diseñado para el próximo ejercicio, contemplan un incremento en varias tasas, aunque excepcionan el agua y el alcantarillado. De las dos alegaciones que se presentaron, la que proponía la congelación del IBI fue rechazada, mientras que la segunda, que solicitaba la continuidad de la bonificación en el transporte urbano a través del Torrebus, sí fue aceptada. Este último es un alivio, dado que el Gobierno central ha confirmado la continuación de las ayudas al transporte público.

Con la aceptación de estas reclamaciones, el Ayuntamiento de Torrelavega ha validado de manera definitiva la modificación de las ordenanzas fiscales que se había aprobado inicialmente el mes anterior. Es importante señalar que esta decisión fue aprobada en solitario por la coalición PRC-PSOE, ya que la oposición se ha opuesto frontalmente a la subida del IBI, que implica un aumento del tipo impositivo del 0,64% al 0,671%.

El concejal de Hacienda y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha argumentado que esta subida es esencial para cubrir los gastos estructurales del Ayuntamiento. A pesar de sus afirmaciones, ha defendido que el aumento de las tasas municipales repercutirá en un incremento de solo 13 euros al año por hogar, asegurando que “no pone en riesgo ninguna economía doméstica”.

El concejal expuso que, en el contexto económico actual, la situación financiera del Ayuntamiento es apremiante, advirtiendo que el margen para decisiones políticas sobre el presupuesto anual apenas alcanza el “10% o 12%”. Mientras tanto, la oposición ha manifestado que no es apropiado elevar la presión fiscal en un periodo de crisis económica, una opinión que fue respaldada por los representantes del PP, Vox e IU-Podemos.

El Partido Popular fue aún más allá al sugerir que el Gobierno municipal debería considerar restricciones en su gasto antes de recurrir a un aumento de impuestos. Los populares argumentan que no se han comenzado a abordar las grandes inversiones que la ciudad necesita, tales como el soterramiento de las vías ferroviarias o la rehabilitación del Palacio Municipal.

Por su parte, Vox ha expresado su preocupación por la creciente carga económica sobre los ciudadanos de Torrelavega, alertando que los vecinos perciben que se les exige cada vez más esfuerzo económico para servicios que, al mismo tiempo, presentan niveles de calidad en descenso.

En el último Pleno del año, la Corporación también ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, destinado al funcionamiento del Parque de Bomberos. Esta colaboración se materializa en una asignación de 450.000 euros del Ejecutivo, que se destina a los servicios que presta el parque a diez municipios de la región. Además, el Ayuntamiento de Piélagos aportará 50.000 euros adicionales.

El acuerdo fue aprobado con el respaldo de todos los grupos políticos presentes, salvo la formación de IU-Podemos. En líneas generales, se coincidió en la necesidad de buscar una asignación mayor para cubrir completamente el coste del servicio de bomberos.

Desde el PP, que comparte el Gobierno regional, han manifestado que “probablemente sea necesario aumentarlo”, aunque han criticado con ironía el hecho de que el Gobierno actual defienda ahora esta necesidad tras haber gestionado el municipio durante dos legislaturas. En respuesta, el portavoz del PRC, que también ocupa el cargo de concejal de Seguridad, ha afirmado que sí han actuado de manera reivindicativa en años anteriores.

Finalmente, se aprobó de manera unánime el reparto de 2,2 millones de euros entre 91 pequeñas y medianas empresas del municipio, correspondiente a subvenciones para aquellas que entre 2020 y 2022 realizaron inversiones en activos fijos productivos para mitigar el impacto de la pandemia. Cada una de las empresas que ha presentado su solicitud recibirá ayuda, con un máximo establecido de 3.000 euros y en la mayoría de los casos superando los 1.000 euros, según las explicaciones de Pérez Noriega.

El concejal ha reconocido que la resolución de estas ayudas “llega tarde”, teniendo en cuenta que existían cerca de un centenar de expedientes a revisar. Esta ha sido, precisamente, una de las críticas que la oposición ha formulado, reprochando que se hayan resuelto ayudas casi en 2025 para inversiones realizadas hasta 2022. Además, han cuestionado la urgencia con la que se convocó este Pleno, que tuvo lugar con menos de 24 horas de aviso, y la comisión informativa previa, que se comunicó “con menos de dos horas” de antelación.