Tres personas y cinco sociedades juzgadas por fraude fiscal en la Audiencia.
Un empresario en Cantabria está siendo juzgado este miércoles 31 de mayo por fingir operaciones y simular adquisiciones de varios inmuebles para evitar el pago de una deuda que tenía con Hacienda. El acusado es el administrador único de una mercantil y está acusado de utilizar testaferros y sociedades controladas por él para realizar estas operaciones fraudulentas.
La empresa del acusado tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones de euros. Con la intención de eludir esta cuota tributaria adeudada, el principal acusado simuló la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa. De esta manera, la empresa fraudulentamente registró un IVA soportado de 1,62 millones de euros, compensando así todo el importe adeudado sin ingresar una cantidad.
El acusado y otros dos serán juzgados por un delito contra la hacienda pública. La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión y una multa de 3,5 millones de euros para el principal acusado, mientras que para los otros dos solicita dos años de cárcel y una multa de 500.000 euros. También se ha pedido una inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un plazo de cuatro años. Además, tendrán que indemnizar a Hacienda en 1,73 millones de euros.
Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera este delito fiscal agravado en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y está solicitando una pena mayor, incluyendo cinco años de prisión, una multa de 8,2 millones de euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios públicos durante siete años. También se pide la inhabilitación para desarrollar cargos de gestión o representación en empresas durante cinco años para el principal acusado y otras condenas para los otros dos acusados.
Además, la mercantil del principal acusado se enfrenta a una multa de 8,2 millones de euros, y para las otras cuatro sociedades implicadas, se solicita una multa del triple de las cuotas defraudadas.