El tribunal de Derechos Humanos rechaza la demanda de las familias de Virginia y Manuela, desaparecidas en 1992 a los 14 y 13 años

SANTANDER, 24 Ago.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha decidido no admitir la demanda presentada por las familias de las niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas en Reinosa hace más de tres décadas, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara hace un año reabrir el caso.

Los representantes legales de los familiares de Virginia Guerrero y Manuela Torres informaron a Europa Press que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha informado a las familias que su demanda no será admitida.

Por lo tanto, se mantiene el archivo del caso según lo decidido por la justicia española, y solo se podrá reabrir si surgen nuevas pistas que justifiquen retomar la investigación o iniciar nuevas pesquisas.

"Seguiremos buscando cualquier posibilidad que nos lleve hacia la verdad. No nos detendremos", manifestó uno de los portavoces de los familiares de las desaparecidas, recordando que en España este tipo de casos no prescriben, por lo que la investigación podría reabrirse en cualquier momento.

La demanda en Estrasburgo fue presentada a principios de este año después de que el Tribunal Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso presentado por las familias en octubre de 2022 para reabrir el caso, resolviendo la solicitud doce meses después.

Virginia Guerrero y Manuela Torres desaparecieron el 23 de abril de 1992, cuando tenían 14 y 13 años, luego de regresar de una fiesta en Reinosa. Fueron vistas por última vez en una discoteca en Parque Cupido y más tarde haciendo auto stop cerca de una fábrica de galletas.

Testigos presenciales informaron que ambas subieron a un vehículo SEAT 127 blanco o claro, y desde entonces no se ha tenido más noticias de ellas.

La investigación se reinició en verano de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga tras la denuncia de una mujer en un programa de televisión, pero finalmente se volvió a cerrar unos meses después tras diversas investigaciones.

La Audiencia Provincial de Palencia ratificó el archivo y los abogados de las familias presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la decisión vulneraba derechos fundamentales y pedían considerar la problemática de las personas desaparecidas y la falta de jurisprudencia en esta materia.