En el día de hoy, 10 de diciembre, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha lanzado una grave acusación contra DIAVIDA, la empresa que se encarga del transporte sanitario programado para el Servicio Cántabro de Salud (SCS). A través de un comunicado, se ha denunciado que esta empresa no está honrando los compromisos previamente establecidos en un acuerdo alcanzado el pasado 28 de noviembre, el cual se logró con la participación de la Consejería de Salud para desactivar la huelga general indefinida que afectaba al transporte no urgente de ambulancias.

Gildo Cabañeros, presidente del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, ha destacado que uno de los aspectos fundamentales de este acuerdo era el compromiso de la empresa con el cumplimiento del convenio colectivo. Sin embargo, ha señalado que la situación no es la esperada, ya que se está registrando el impago de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre, que por ley debería haberse abonado en los primeros días del mes.

Además, Cabañeros ha expresado su preocupación al revelar que DIAVIDA no está cumpliendo con ninguno de los compromisos adquiridos en el acuerdo que permitió suspender la huelga. Ha revelado que, a pesar de las solicitudes realizadas por parte del comité, la empresa ha fallado en proporcionar la documentación necesaria para verificar la situación, lo que genera un clima de desconfianza entre los trabajadores.

Otro punto crítico mencionado por el presidente del comité es el aumento preocupante de las incidencias en el servicio. Cabañeros ha solicitado información sobre las bajas laborales y cómo están siendo cubiertas, pues ha enfatizado que la escasez de personal, especialmente durante los fines de semana, se está convirtiendo en un problema alarmante que podría comprometer la calidad del servicio a los pacientes que dependen de estas ambulancias.

Por otra parte, también ha dado a conocer que el Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha tomado la decisión de suspender una asamblea de trabajadores que DIAVIDA había convocado para este martes en las instalaciones ubicadas en Revilla de Camargo. Esta suspensión fue resultado de una demanda presentada por UGT, que solicitó la medida cautelar debido a irregularidades en la convocatoria.

Según se especifica en el fallo del tribunal, es importante señalar que la capacidad de convocar asambleas de trabajadores recae únicamente en los delegados de personal, en el comité de empresa, o en un grupo no menor al 33% de la plantilla. Esta decisión reafirma la protección de los derechos de los trabajadores y asegura que tales reuniones se realicen de acuerdo con la normativa vigente.