El sector de sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha manifestado su firme oposición a la decisión del Gobierno regional de condicionar la igualdad de derechos para el personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a la aprobación de un acuerdo político con miras a los presupuestos comunitarios del año 2026. Este movimiento ha sido calificado de inaceptable por parte de los representantes sindicales.

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona, hizo esta declaración en un comunicado que se difundió el viernes, tras el anuncio del titular de la Consejería, César Pascual. Pascual advirtió que si el Gobierno, actualmente en minoría, no logra el apoyo de otros grupos parlamentarios, se perderían 98 millones destinados a incrementar el presupuesto de salud, lo que también afectaría a inversiones y subvenciones, así como a las mejoras salariales previstas.

Carmona criticó que el Ejecutivo esté utilizando los derechos laborales como una herramienta de negociación política, y comparó esta situación con lo que ocurre en el ámbito educativo, donde la subida de salarios que los docentes reclaman también está ligada a acuerdos políticos. Según él, la recuperación de derechos debería ser una prioridad independiente de las negociaciones políticas.

El sindicalista enfatizó que es totalmente inapropiado que un tema que afecta directamente a la igualdad de trato y condiciones laborales de todos los trabajadores del SCS esté supeditado a un proceso presupuestario. En su opinión, la dignidad y los derechos laborales no deberían aparecer como variables en las negociaciones políticas.

Carmona propuso que lo adecuado habría sido la recuperación de derechos mediante una modificación ordinaria de la ley, a través de una Proposición No de Ley, similar a lo que hizo el Grupo Socialista, en lugar de utilizar la mejora de estos derechos como una moneda de cambio para la aprobación de los presupuestos autonómicos.

El sindicalista reveló que el Consejo de Gobierno de Cantabria había rechazado previamente tramitar la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, justificando que su aprobación implicaría un aumento del gasto, que debería encuadrarse dentro del marco administrativo de 2026.

No obstante, el Gobierno ha tomado la decisión unilateral de incluir dicho cambio en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, lo que busca extender un derecho actualmente reservado a ciertos facultativos a todo el personal del SCS.

Desde UGT, se subraya que no se trata de un problema económico momentáneo, sino de una cuestión de justicia y equidad laboral, con el objetivo de crear nuevos derechos que aseguren la igualdad entre todas las categorías de personal sanitario. El Gobierno, que en su momento favorció a una única categoría profesional, ahora reconoce el descontento generado al no ofrecer un trato equitativo a todos los empleados en el sector.

Finalmente, el sindicalista expresó que es fundamental que el Gobierno de Cantabria deje de jugar con los derechos de su personal. Afirmó que la igualdad no es negociable y debe ser garantizada por ley, por lo que exige que esta medida se procese de manera ordinaria, como una modificación legislativa independiente, y con la participación activa de los agentes sociales, sin ligarla a la negociación de los presupuestos.