SANTANDER, 22 Sep.
La Federación UGT-Servicios Públicos ha enviado una carta al consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, instándolo a acelerar la adjudicación del transporte sanitario no urgente, después de que se rechazara el recurso de una de las empresas candidatas a la concesión, y a compensar al personal con el pago retroactivo de atrasos salariales.
De acuerdo con el sindicato, el personal adscrito al transporte sanitario urgente en Cantabria, cuyo proceso de licitación ya se ha formalizado y que en la actualidad está siendo subrogado a la nueva empresa concesionaria, se beneficiará automáticamente de un aumento salarial con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo. Sin embargo, aquellos del transporte no urgente tendrán que esperar hasta que finalice todo el proceso de licitación.
Por lo tanto, durante este período habrá una "injustificable desigualdad" entre las personas que prestan el mismo servicio en la misma comunidad autónoma, lo que podría "poner en peligro la necesaria paz social", según señala el sindicato en un comunicado de prensa.
Por esta razón, UGT exige "la máxima rapidez" en el nuevo proceso de licitación del transporte sanitario no urgente del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y pide que se destine un presupuesto para pagar los atrasos salariales con carácter retroactivo "para evitar una situación claramente discriminatoria hasta que se formalice el nuevo contrato".
En relación con la subrogación del personal del servicio de transporte sanitario urgente ya adjudicado a una nueva empresa, el sindicato explica que ya ha solicitado información detallada sobre el personal para asegurarse de que el proceso se aplica correctamente.
En este sentido, señala que también ha solicitado a la empresa el listado del personal activo, aquellos que tienen reserva de puesto de trabajo, los de nuevo ingreso, los que tienen un contrato de interinidad y los que están en jubilación parcial o contrato de relevo.
Además, UGT solicita el listado de aquellos trabajadores que no están dados de alta en la empresa y que tienen procesos judiciales o administrativos abiertos por despidos.