19 de noviembre, SANTANDER. El sindicato USO ha pedido la renuncia del director de la Autoridad Portuaria de Santander, Santiago Díaz Fraile, tras una condena judicial que obliga al Puerto y a una trabajadora a indemnizar a un representante sindical por haber presentado denuncias falsas de acoso sexual en su contra.

La decisión judicial, proveniente del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander, estipula que tanto la empleada como la entidad portuaria deberán abonar un total de 42.500 euros. El tribunal considera que la Autoridad Portuaria actuó de manera "muy censurable", lo que la hace responsable solidaria de los daños.

El juez critica que la Autoridad Portuaria tomara represalias contra el trabajador, como su traslado a un edificio a más de dos kilómetros, basándose en denuncias que no contaban con evidencias suficientes y sin haber dado la oportunidad de defenderse al acusado.

Asimismo, el fallo señala como inadecuada la sanción de dos meses impuesta a la trabajadora, especialmente tras conocer que sus acusaciones eran infundadas. El tribunal señaló argumentos "inaceptables" para justificar la decisión, entre ellos que no había “daños reputacionales” para el acusado, lo cual habría afectado a la gestión del departamento.

USO ha subrayado la gravedad del asunto, enfatizando que una acusación falsa de este tipo no solo arruina la vida de quien es injustamente acusado, sino que también perjudica a todas las mujeres. Esta situación crea desconfianza en los procedimientos destinados a garantizar la igualdad y puede llevar a un retroceso en los avances logrados.

El sindicato ha criticado abiertamente lo que consideran una "maniobra" inaceptable por parte del Puerto, apuntando a que el director ha protegido a la trabajadora a pesar de conocer la gravedad del caso, lo que podría haber llevado, de haberse probado la falsedad, al despido del líder de USO en la Autoridad Portuaria, el único sindicato que ha cuestionado su gestión en años recientes.

Arancha Navarro, responsable de Igualdad de USO en Cantabria, ha manifestado que estas acciones comprometen la credibilidad de los protocolos de igualdad y de acoso sexual, diseñados para proteger a las mujeres y asegurar un entorno laboral seguro, además de trabajar para eliminar la impunidad del machismo.

Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de rigor en la gestión de estos protocolos por parte de la dirección, que los aplica de manera que considera poco justa y sin el respeto a los derechos fundamentales. Esta situación ha llevado a USO a demandar el cese inmediato del director Santiago Díaz Fraile, argumentando que su negligencia ha sido acreditada por la sentencia.

Además de exigir la destitución del director, el sindicato ha pedido medidas internas para reparar el daño causado a la reputación y a las actividades del trabajador que fue falsamente acusado. También han solicitado que se ofrezca formación obligatoria en igualdad para el personal directivo y los mandos intermedios.

La Secretaría de Igualdad del sindicato ha insistido en que la lucha por la equidad debe manejarse con responsabilidad institucional. Han enfatizado que el feminismo no apoya las falsas denuncias; por el contrario, las combate. Proteger a las mujeres implica resguardar los protocolos de igualdad y actuar con seriedad, pues las denuncias infundadas son incompatibles tanto con el feminismo como con la justicia social.