SANTANDER, 24 de noviembre.

El partido Vox está considerando emprender acciones legales debido a los eventos sucedidos durante el pleno destinado al debate sobre las enmiendas a los Presupuestos de Cantabria para el año 2026. La formación ha expresado que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, del Partido Popular, ha cometido una "transgresión del Reglamento" al cambiar su decisión en el transcurso de la sesión.

Vox ha criticado lo que considera una "estrategia engañosa" del PP, que se tradujo en la votación individual de las tres iniciativas propuestas por los grupos de oposición (PRC, PSOE y Vox), en vez de llevar a cabo una votación conjunta como era la intención original. Además, señalaron que fue solo después de la aprobación de la primera iniciativa —la del PSOE— cuando la presidenta informó que las otras dos enmiendas quedaban sin efecto.

Leticia Díaz, portavoz de Vox, no escatimó en palabras al calificar la situación como un "circo", expresando su descontento y lamentando que lo presenciado era más digno de un aula de Derecho que de una sesión parlamentaria, según sus declaraciones tras el pleno.

Cabe mencionar que Vox había solicitado una suspensión del pleno, ya que estaba a la espera de una resolución para el recurso que la oposición había presentado contra la decisión de la presidenta, quien, basado en un informe del asesor jurídico, indicó que las enmiendas serían votadas de forma individual. A pesar de que sus solicitudes cautelares fueron desestimadas, los representantes de Vox se retiraron del pleno como acto de protesta, aunque defendieron su posición y participaron en la votación.

Una vez que la primera iniciativa, la del PSOE, logró aprobarse, Díaz se levantó para comunicar que Vox retiraría la suya en "coherencia" con su recurso. En ese instante, González Revuelta le recordó que no procedía continuar con la votación dado que ya se había decidido devolver los presupuestos al Gobierno.

La portavoz de Vox criticó duramente la maniobra de la presidenta, señalando que en el momento en que manifestó la retirada de su enmienda, los criterios de la presidencia cambiaron de inmediato. "Ahora parece que acepta mi argumento de que el recurso debía ser atendido cuando a primera hora lo desestimó", agregó Díaz.

En vista de lo ocurrido, Vox llevará a cabo un análisis jurídico para determinar los pasos a seguir, porque considera que la actuación de González es merecedora de inhabilitación bajo el marco de un posible ilícito penal. "Está emitiendo decisiones sobre la marcha sin fundamentos jurídicos, y esa actitud es constitutiva de un delito de prevaricación", argumentó.

Según Díaz, la cuestión sobre la violación de derechos parlamentarios correspondería al Tribunal Constitucional, mientras que las acusaciones de prevaricación se dirigen a la jurisdicción penal. Si los tribunales fallan a favor de Vox, se podrían anular las decisiones de la presidenta respecto al procedimiento de votación.

El partido también criticó la falta de cumplimiento del Reglamento, que es bastante explícito en cuanto a que la organización del debate es competencia de la presidenta, pero debe llevarse a cabo en consonancia con lo establecido por las mesas correspondientes. "Era la Mesa del Parlamento la que debía emitir un pronunciamiento, aunque luego la presidenta pudiera tomar la decisión final, pero no se convocó ni a la mesa ni a la Junta", sostuvo Díaz.

La portavoz aseguró no haber presenciado algo similar en la historia de Cantabria, acusando a la presidenta del PP de actuar con "total prepotencia".

Además, sugirió que el PP había orquestado este proceso para facilitar un titular que indicara que Vox había apoyado la enmienda a la totalidad del PSOE, cuando estos simplemente habían respondido a la orden de presentación.

En este contexto, Díaz enfatizó que aunque cada partido tiene sus propios intereses, en esta ocasión solo se estaba votando el tema de la devolución de los Presupuestos al Gobierno.

Por lo tanto, desestimó lo que consideró un "argumento engañoso" y subrayó que la única verdadera alianza presente era la que persigue la protección de los ciudadanos de Cantabria, quienes están en riesgo de perder 219 millones de euros debido a las decisiones presupuestarias.

Finalmente, Díaz cerró sus declaraciones acusando al PP de una "incoherencia total y absoluta", describiendo el comportamiento de su oposición como un "berrinche" de alguien que se presenta en la tribuna a mentir, al sostener que había intentado una negociación con Vox.