El Ayuntamiento de Santander ha sido el escenario de un nuevo enfrentamiento político, esta vez protagonizado por el Grupo Vox, que ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo en contra de la reciente implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según los representantes de Vox, esta medida es considerada "arbitraria" y carente de una justificación sólida, perjudicando directamente a los ciudadanos de la capital cántabra.

Laura Velasco, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, hizo público este lunes su desacuerdo con la ZBE en una conferencia de prensa, donde expuso que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han difundido un mensaje engañoso al afirmar que existe una obligación europea para establecer estas zonas. “La realidad es que Europa no impone la prohibición de circulación permanente, sino que más bien anima a los países a desarrollar estrategias puntuales para mejorar la calidad del aire. Esto no puede interpretarse como una obligación tosca”, aclaró Velasco.

La portavoz enfatizó que los partidos tradicionales, el PSOE y el PP, tuvieron participación activa al respaldar estas normativas en el ámbito europeo, lo cual se ha traducido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, ley que está en la raíz de la creación de la ZBE. De hecho, mencionó que el PSOE apoyó definir dicha legislación, mientras el Partido Popular se abstuvo, lo que permitió que esta normativa se aprobara sin oposición significativa.

En la misma línea, Velasco cuestionó la capacidad del Ayuntamiento para imponer sanciones a través de su ordenanza. Mientras la ley nacional no establece sanciones específicas, la ordenanza limitante de Santander sí contempla multas de hasta 200 euros a quienes violen las restricciones de acceso y circulación en la nueva zona. “Vox está comprometido a luchar contra estas imposiciones y asegurarse de que los ciudadanos de Santander no sufran las consecuencias de políticas absurdas”, declaró Velasco, destacando que un 60% de los vehículos en la ciudad tienen la etiqueta A o B según las regulaciones medioambientales, lo que subraya el impacto desproporcionado de la medida.

Con una firme retórica, Velasco califica la ZBE de “estafa pseudoambiental”, argumentando que afecta a la libertad de movimiento de los ciudadanos y crea una división económica, discriminando según el poder adquisitivo y la capacidad de adquirir un coche menos contaminante. Además, anticipa que esta política traerá consigo severos daños económicos al comercio local y a los autónomos, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de pequeños negocios ya vulnerables.

Criticando la postura del Partido Popular, que según ella ha aceptado pasivamente las directrices de la ideología de izquierda, Velasco reafirmó la posición de Vox como defensores de los intereses de los ciudadanos, asegurando que están comprometidos a continuar su lucha. “Estamos convencidos de que nuestro recurso tendrá un desenlace favorable”, concluyó, dejando claro que la batalla contra esta normativa está lejos de terminar.