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Política 17 de Abril de 2026 · 12:28h 2 min de lectura

El convenio de MARE se negocia tras 15 años con propuestas de ampliación y mejoras laborales

La empresa pública MARE, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ha iniciado oficialmente las negociaciones para renovar su convenio colectivo tras 15 años de vigencia del anterior, que data de 2008 y cuya actualización se ha postergado en varias legislaturas.

El proceso responde a un contexto de cambios en los servicios y condiciones laborales, con la intención de ampliar la recogida de residuos a los sábados y actualizar las estructuras organizativas y salariales, en un marco de cumplimiento con las normativas laborales y presupuestarias. La reciente firma del acta de constitución de la mesa de negociación marca un paso clave en ese proceso.

El actual convenio presenta disparidades en horarios y salarios entre empleados que desempeñan funciones similares, situación que el comité busca corregir mediante la equiparación y la implementación de medidas como la jubilación anticipada. La negociación también contempla la incorporación de nuevos servicios y la adaptación a las actividades presentes en la empresa.

Desde el ámbito político, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha señalado que en los últimos meses se han establecido límites presupuestarios, con un acuerdo para un incremento de hasta medio millón de euros en gasto de personal, con el objetivo de facilitar un acuerdo que ofrezca estabilidad a los trabajadores.

El comité, compuesto por SIEP, CCOO y UGT, mantiene una postura de apertura, aunque advierte que la decisión final dependerá del alcance de los acuerdos alcanzados en las próximas semanas. La intención del Gobierno es cerrar un convenio antes de que finalice la legislatura, para evitar que el proceso quede pendiente nuevamente.

El contexto político y financiero en el que se enmarca esta negociación refleja el interés de la administración por modernizar y mejorar los servicios públicos, en un escenario en el que la estabilidad laboral y la eficiencia de la gestión son prioridades. La resolución de este convenio podría marcar un precedente para futuras actualizaciones en otros servicios públicos de Cantabria.

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