El Supremo confirma inhabilitaciones por fraccionamiento de contratos en SCS

El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de 14 y 11 años de inhabilitación para cargos públicos a dos exfuncionarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Se trata del exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González, y del exdirector de Atención Primaria, Alejandro Rojo. Ambos fueron condenados por prevaricación en contratos menores durante su etapa en el cargo, hace aproximadamente dos legislaturas.

Estas decisiones judiciales reflejan una práctica habitual en la gestión pública que ha sido objeto de escrutinio en Cantabria. La condena se basa en el fraccionamiento indebido de contratos, una forma de manipulación que busca evitar procedimientos más estrictos.

El contexto político en torno a estos hechos está marcado por la dimisión en 2018 de la entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real, tras revelaciones sobre irregularidades en la gestión del SCS. La investigación judicial se inició a partir de denuncias internas y contó con la participación del Partido Popular, que ejerció como acusación particular.

Este caso evidencia la necesidad de reforzar los controles en la administración pública cántabra. La sentencia firme del Supremo cierra un capítulo judicial y pone en cuestión la transparencia en la contratación pública en la comunidad.

De cara al futuro, estos fallos judiciales podrían impulsar reformas en los procedimientos administrativos y en la supervisión del gasto público en Cantabria. La atención se centra en si las instituciones responsables adoptarán medidas preventivas para evitar nuevas irregularidades similares.