El TSJC ratifica 9 años de inhabilitación a alcalde de Ribamontán al Monte por prevaricación
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la inhabilitación de nueve años para el cargo público del alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). La condena responde a la contratación irregular de un arquitecto municipal sin proceso selectivo, en un caso que refleja tensiones políticas y judiciales en la región.
El fallo, emitido por la Sala de lo Penal del TSJC, ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial, que también absolvió al alcalde en otros cinco expedientes relacionados con actuaciones administrativas. La resolución destaca que en el caso concreto, Arco actuó con intención deliberada y conciencia de la ilegalidad, tras contratar a un arquitecto sin expediente ni convocatoria pública.
Este procedimiento judicial se enmarca en un contexto de acusaciones que enfrentan al PRC y al PP en Cantabria, con enfrentamientos políticos sobre la gestión municipal y la legalidad en contrataciones públicas. La sentencia mantiene la condena, aunque aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y genera un debate sobre la responsabilidad de los cargos electos en la región.
El alcalde defendió su actuación alegando que contó con asesoramiento legal y que todas las decisiones fueron consensuadas con su equipo. Sin embargo, la acusación particular y el Ministerio Fiscal consideran que la contratación fue irregular y que perjudicó la legalidad administrativa. La situación ha abierto un escenario en el que el futuro político de Arco está en duda, y el PRC mantiene una postura de apoyo provisional.
Desde el ámbito político, el apoyo del PRC contrasta con la postura del Partido Popular, que exige que el alcalde dimita o que el pleno municipal inicie su cese. La posible inhabilitación definitiva podría afectar la configuración del gobierno local y abrir la puerta a cambios en la estructura administrativa del municipio, en un momento marcado por tensiones internas y la necesidad de clarificación legal.
Este caso refleja las complejidades del panorama político en Cantabria, donde las decisiones judiciales sobre cargos públicos tienen repercusiones inmediatas en la política local y regional. La atención ahora se centra en los recursos legales pendientes y en cómo afectarán la estabilidad del gobierno municipal y la credibilidad institucional en Ribamontán al Monte.