Jueza de El Bocal atribuye el mantenimiento de la pasarela a Costas e indaga a dos empleados públicos.
Un nuevo capítulo se abre en la investigación por la tragedia de El Bocal en Santander, donde, en un lamentable incidente ocurrido el 3 de marzo, seis personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida. La jueza Rosa Martínez, responsable del caso, ha decidido tomar medidas legales contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, al considerar que es este organismo el que debería haber garantizado el correcto mantenimiento de la pasarela que colapsó.
Los señalados son José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación, y el director del Servicio de Proyectos y Obras de la misma, quienes, como responsables de un proyecto que se remonta a 2014, podrían enfrentar serias consecuencias legales. La decisión se basa en la observación de que la administración central no ha cumplido adecuadamente con su deber de cuidar esta infraestructura, que fue objeto de reparación en 2024, pero que no abordó problemas fundamentales como el deterioro de los elementos metálicos.
En un auto judicial reciente, la jueza ha determinado que la Demarcación de Costas podría ser considerada responsable civil en este caso. Según la magistrada, las obras correspondientes a la senda peatonal, de la cual forma parte la pasarela, no estaban debidamente finalizadas, lo que implica que la responsabilidad del mantenimiento recae enteramente en la Demarcación y no en el Ayuntamiento de Santander, que aún no había recepcionado dichas obras.
Martínez ha señalado que hay "serios indicios de posible negligencia" en el mantenimiento de la pasarela. Un informe de la Policía Científica reveló que los elementos metálicos de la estructura estaban completamente oxidados, algo que la administración ya conocía y que pone en entredicho la efectividad de la reparación que se llevó a cabo. La magistrada especifica que la falta de atención a estos elementos críticos es motivo suficiente para investigar con más profundidad el nivel de responsabilidad de los funcionarios implicados.
Además, aclara que la responsabilidad de mantenimiento es exclusivamente de la Demarcación de Costas desde que la pasarela fue abierta al público tras su construcción en 2014. La jueza recuerda que la administración ya había sido advertida, en un informe previo que cuestionaba el estado de la pasarela, lo que hace más pertinente el análisis sobre la efectividad de las intervenciones efectuadas.
En nueva acción, la magistrada ha solicitado un informe pericial que evalué si las reparaciones realizadas fueron adecuadas y suficientes. La juez manifiesta su intención de investigar a aquellos que ostentan poder de decisión en el mantenimiento de la infraestructura, dado que sus funciones les otorgan responsabilidad directa en su estado.
El auto también señala que, a pesar de que el mantenimiento recaía en la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene la obligación de garantizar la seguridad en espacios públicos. Esto implica que, ante la detección de riesgos, el Ayuntamiento debe actuar de manera proactiva para señalizar o precintar las áreas peligrosas, independientemente de quién sea la administración responsable de la infraestructura afectada.
Con el fin de esclarecer si existían indicios visibles de deterioro en la pasarela en el momento de la tragedia, la jueza ha decidido pedir a la Policía Judicial que recopile pruebas que muestren el estado de la estructura en los días previos al incidente. Esto incluye fotografías y testimonios de ciudadanos que frecuentaron la pasarela antes del colapso, todo con el objetivo de constituir un panorama claro sobre el estado de seguridad de la infraestructura.
Entre los testigos que se presentarán en la próxima sesión se encuentra una vecina de la zona, quien es parte de la Asamblea en Defensa de la Senda y la Costa Norte. Su testimonio se añadirá al de varios testigos que estuvieron presentes antes y durante el accidente, incluido un ciclista que alertó a las autoridades y un vecino que llamó al 112 el día anterior al suceso.