En un giro impactante de los acontecimientos en el ámbito deportivo español, el exsecretario de la Federación Cántabra de Fútbol, Guillermo Nalda, se encuentra a las puertas de un juicio debido a la presunta elaboración de un informe falso. Este caso se suma a la acusación ya existente contra José Ángel Peláez, presidente de la misma federación, y se enmarca en un contexto mayor que ha llamado la atención de la opinión pública.

Según la Audiencia Nacional, hay "indicios suficientes" que justifican el avance de la causa abierta contra Peláez, quien es investigado por un posible delito de fraude de subvenciones. Esta investigación gira en torno a la concesión de 210.000 euros que se destinaron, supuestamente, a la mejora de los campos de fútbol de Tanos en Torrelavega. Sin embargo, las autoridades están indagando si esos fondos fueron desviados hacia otros fines, lo que podría constituir una grave irregularidad financiera.

Además, la sombra de la corrupción se extiende a Guillermo Nalda, quien ocupó el cargo de secretario general y tesorero en la federación. Se le acusa de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento oficial, al haber emitido una certificación relacionada con la subvención en cuestión con pleno conocimiento de que su contenido no reflejaba la verdad. Este acto se habría perpetrado con la intención de encubrir los hechos objeto de investigación y evitar que salieran a la luz.

En un auto dictado el 13 de enero por el juez Francisco de Jorge, se confirma que el procedimiento contra Peláez y Nalda continuará en el marco de una de las piezas separadas del 'caso Soule'. Este caso es particularmente notorio en el mundo del fútbol por implicar a Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es investigado por la presunta obtención de contratos que han perjudicado económicamente a la entidad en más de 4,5 millones de euros entre 2007 y 2017. Estos contratos incluyen la organización de amistosos de la selección española que habrían beneficiado económicamente a su hijo Gorka Villar.

El juez ha propuesto que Villar se siente en el banquillo por delitos que van desde la administración desleal hasta la falsedad en documento mercantil, sugiriendo que al menos ocho personas, incluidas figuras significativas como el exvicepresidente de la RFEF, Juan Padrón, y Gorka Villar, deberán rendir cuentas ante la justicia.

La Audiencia Nacional considera que los elementos de prueba son contundentes para seguir adelante con el procedimiento abreviado sobre la Federación Cántabra de Fútbol. El juez ha otorgado un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones presenten sus escritos de acusación o, en su defecto, soliciten el archivo de la causa.

El origen de la controversia radica en la subvención de 210.000 euros que la Federación Cántabra recibió a través de la Federación Española, con fondos provenientes del Consejo Superior de Deportes, y destinados a costear parte de las obras de mejora de los campos de fútbol de Tanos. Sin embargo, se alega que Peláez no transfirió estos fondos al Ayuntamiento como debía, y que incumplió con su obligación, desviando el dinero hacia otras operaciones y agotando la subvención en un corto periodo de siete meses.

Las transacciones cuestionadas incluyen retiros de efectivo y pagos por un total de más de 160.000 euros, lo que llevó al Ayuntamiento de Torrelavega a presentar múltiples reclamaciones a las autoridades deportivas nacionales. Como resultado de estas reclamaciones, la federación tuvo que reintegrar la cantidad total al Consejo Superior de Deportes, asumiendo este costo con sus propios recursos.

Guillermo Nalda, por su parte, es acusado de haber emitido una certificación destinada a la Federación Española con el propósito de ocultar los hechos en cuestión. Este documento contenía afirmaciones que él sabía que no eran ciertas, con el objetivo de que no se proseguiría con la investigación que se estaba llevando a cabo.

En particular, Nalda habría afirmado que parte de los 680.000 euros transferidos por la Federación Cántabra a la RFEF incluían 230.500 euros que supuestamente debían ser devueltos según un convenio por las obras del campo de Tanos, lo que añade una capa más de complejidad a este caso ya de por sí controvertido.