La Fiscalía solicita seis años por agresión sexual consumada tras consumo de drogas

La Fiscalía de Cantabria reclama una pena de seis años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer, con la petición de la acusación particular elevando la condena a ocho años. El caso se basa en hechos sucedidos en Santander, donde el imputado, tras recoger a la víctima y consumir ketamina, la agredió sexualmente pese a sus advertencias previas de no querer mantener encuentros íntimos.

El Ministerio Público señala que la víctima, que mantenía una relación de amistad con el acusado, ya había expresado claramente su deseo de no participar en ningún acto sexual, especialmente por su situación emocional y la presencia de una pareja estable. Sin embargo, tras consumir drogas, el agresor actuó con ánimo libidinoso, penetrándola vaginalmente mientras ella se encontraba adormilada por los efectos de la sustancia.

El daño moral sufrido por la víctima ha sido valorado como agravado por su estado psicológico previo, que ya presentaba descompensaciones relacionadas con otras patologías. La causa, que se juzgará en la Audiencia Provincial, también contempla la responsabilidad atenuada por intoxicación leve del acusado, quien podría beneficiarse de ciertas atenuantes en su condena.

El proceso judicial ha puesto en evidencia la problemática social en torno al consumo de drogas y la vulnerabilidad de las víctimas en contextos de agresión sexual. La Fiscalía y la acusación han solicitado penas que incluyen prisión, alejamiento, libertad vigilada y una indemnización a la víctima, que busca reparación por el daño moral y psicológico.

Este caso refleja las complejidades de la lucha contra la impunidad en delitos sexuales en un escenario donde el consumo de sustancias puede reducir la responsabilidad penal. La futura sentencia marcará un precedente en la atención y protección a víctimas en circunstancias similares en Cantabria.

La resolución del caso se espera que sirva para reforzar la sensibilización social y la necesaria regulación de conductas vinculadas al uso de drogas, además de promover una mayor protección de las víctimas en el sistema judicial cántabro.