La seguridad de la pasarela de El Bocal bajo investigación tras colapso mortal

El representante legal de Dragados, encargado de la construcción de la pasarela de El Bocal, ha asegurado que la obra se realizó según las especificaciones de Fronda, responsable del diseño. La estructura, construida en 2014, colapsó en marzo pasado, causando la muerte de seis jóvenes y heridas a otra estudiante. La investigación judicial ha considerado a la empresa como posible responsable civil y ha iniciado acciones contra siete personas relacionadas con la obra y la gestión del incidente.

El contexto político en torno a esta tragedia se centra en la responsabilidad de las administraciones públicas y las empresas contratistas en la supervisión y mantenimiento de infraestructuras públicas. La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, encargó la obra, mientras que el Ayuntamiento de Santander también está implicado como posible responsable civil. La causa principal del colapso se atribuye a una rotura por oxidación de herrajes metálicos, agravada por la falta de mantenimiento adecuado.

El caso evidencia posibles fallos en los procedimientos de control y mantenimiento de infraestructuras públicas, con implicaciones en la política de contratación y supervisión de obras en espacios públicos. La diferencia entre el diseño original y la ejecución, así como la decisión de dividir en segmentos la estructura, han sido señaladas como posibles causas que agravaron la vulnerabilidad de la pasarela. La postura de Dragados niega cualquier intento de abaratar costes que pudiera comprometer la seguridad.

Desde la perspectiva judicial, la investigación apunta a que la falta de mantenimiento y las decisiones técnicas durante la construcción contribuyeron al siniestro. La acción penal se ha dirigido contra responsables de la empresa y funcionarios públicos, poniendo en el foco la gestión de infraestructuras y la responsabilidad institucional. La sentencia futura podría sentar un precedente en la gestión de obras públicas y en la responsabilidad civil por accidentes en espacios públicos.

Este suceso refleja la necesidad de revisar los protocolos de control, mantenimiento y diseño de infraestructuras en Cantabria y otras comunidades. La tragedia ha abierto un debate sobre la seguridad en obras públicas y la responsabilidad de las administraciones en garantizar la protección de los ciudadanos. La posible futura legislación o regulación reforzada podría mejorar la supervisión y evitar incidentes similares en el futuro.