Los migrantes en FP pueden realizar prácticas en empresas sin afiliación a la Seguridad Social

El Ministerio de Educación ha confirmado que, gracias a un acuerdo con Seguridad Social y Trabajo, los estudiantes de Formación Profesional en situación irregular pueden completar sus prácticas en empresas, siempre que cuenten con instrucciones específicas enviadas a las comunidades autónomas. Esta medida busca garantizar el derecho a la formación, independientemente de la situación administrativa del alumnado. La normativa anterior, que exigía un número de Seguridad Social para realizar prácticas, generó obstáculos en toda España, incluyendo Cantabria, donde las instituciones han implementado protocolos temporales para mitigar el impacto. La ley actual también ha ampliado la responsabilidad de las empresas en la formación del alumnado, promoviendo una mayor participación del sector privado. La secretaria general de FP del Ministerio explicó que los docentes y tutores son responsables de organizar las prácticas dentro del marco establecido. La situación refleja un desafío político y administrativo en la gestión de la inmigración y la formación, que requiere soluciones definitivas para garantizar el acceso igualitario a la educación y la formación profesional en todo el país. La normativa vigente aún está en proceso de consolidación, y las futuras decisiones políticas serán clave para resolver las incertidumbres existentes y garantizar la continuidad de las prácticas formativas para todos los estudiantes, independientemente de su situación administrativa.