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Sanidad 8 de Mayo de 2026 · 10:30h 2 min de lectura

Los técnicos sanitarios de Cantabria convocan huelga para exigir el grupo B

El próximo 29 de mayo, técnicos superiores sanitarios de Cantabria participarán en una huelga nacional convocada por las Comisiones por el Grado. La protesta busca reclamar al Ministerio de Hacienda la aplicación efectiva del grupo B, que reconoce su categoría profesional y salarial.

El conflicto surge del bloqueo del Ministerio de Hacienda, que no ha respondido a las solicitudes de reunión de los técnicos. Desde hace 19 años, estos profesionales denuncian un agravio retributivo y una pérdida de derechos laborales, pese a decisiones judiciales favorables y acuerdos previos. La situación ha generado una percepción de paralización en el reconocimiento de su categoría.

La movilización, junto con una concentración frente al Ministerio de Hacienda, busca presionar para que se agilicen las medidas de reconocimiento y se resuelva la problemática. La huelga forma parte de un ciclo de protestas que también ha contado con el respaldo de otros colectivos sanitarios, en un contexto de tensión creciente en el sistema público.

Desde el punto de vista político, esta reivindicación evidencia las tensiones existentes entre los profesionales sanitarios y el Gobierno central, en un momento en que las decisiones en materia de salud pública y empleo sanitario adquieren mayor protagonismo. La inacción del Ministerio de Hacienda evidencia posibles dificultades administrativas y de priorización en la agenda política.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha avanzado en otras áreas, incorporando algunas reivindicaciones en el desarrollo del Estatuto Marco y promoviendo grupos de trabajo para la formación y desarrollo profesional. Sin embargo, la falta de respuesta a las demandas salariales y laborales sigue siendo un punto pendiente.

De cara al futuro, la continuidad de movilizaciones y la posible ampliación de acciones buscan forzar una respuesta concreta. La situación refleja la necesidad de un diálogo efectivo entre las administraciones y los profesionales sanitarios, en un contexto donde la recuperación del reconocimiento y derechos laborales resulta esencial para el funcionamiento del sistema sanitario público.

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