La Fiscalía cierra la investigación del convenio del SCS con Santa Clotilde por irregularidades

La Fiscalía de Cantabria ha decidido archivar la investigación sobre el convenio entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, tras la denuncia de Podemos. La denuncia, presentada en abril, alertaba de posibles irregularidades en la tramitación, aprobación y modificaciones del acuerdo. La investigación, que se centraba en un compromiso económico de entre 254 y 320 millones de euros por un periodo de hasta 20 años, no encontró indicios de delito tras las diligencias realizadas en los últimos meses.

El convenio, vigente desde el 1 de enero, fue objeto de atención política y mediática debido a su elevado coste y a las dudas sobre su proceso de aprobación. La Fiscalía, tras analizar los informes y documentación aportada por el SCS y la Consejería de Salud, concluyó que no existen elementos que puedan calificarse como delito. Considera que las discrepancias señaladas son de carácter administrativo y que cualquier impugnación puede realizarse en la vía contencioso-administrativa.

Desde el punto de vista político, la decisión refuerza la postura del Ejecutivo regional, liderado por el Partido Popular, en la defensa de la legalidad del acuerdo. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de reabrir la investigación si emergen nuevos indicios o denuncias, y también permite a Podemos acudir a instancias judiciales si considera que la decisión es injusta.

El caso refleja la tensión política en torno a la gestión de fondos públicos y la transparencia en la contratación sanitaria. La denuncia de Podemos buscaba que el Gobierno aportara más documentación y explicaciones sobre un acuerdo que compromete recursos públicos en un contexto de debate sobre la eficiencia del gasto y la gestión sanitaria en Cantabria.

En un escenario más amplio, esta resolución puede influir en futuros procedimientos de contratación pública en la región. La Fiscalía ha recordado que las irregularidades administrativas no siempre constituyen delito y que la legalidad en los procedimientos administrativos es clave. La atención ahora se centra en las próximas etapas del proceso y en la posible reactivación de la denuncia por parte de las partes interesadas.