Santander impulsa la economía de datos con creación de 40 empleos en EDINT
La primera fase del proyecto EDINT, liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha generado 40 empleos en España y ha capacitado a casi 2.900 personas en tecnologías de datos. La iniciativa, que se desarrolla desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, busca fortalecer la gestión pública a través de plataformas colaborativas público-privadas.
Este proyecto incluye la participación de diez ayuntamientos, dos diputaciones, varias empresas, universidades y medios de comunicación. En Santander, actores como Movus, EDP, El Diario Montañés y la Universidad de Cantabria aportan a la iniciativa. La estrategia se enmarca en la transformación digital de las administraciones, apoyada con fondos europeos de 13 millones de euros.
Las implicaciones de EDINT apuntan a una modernización de la gestión municipal mediante datos homogéneos y seguros, que faciliten la toma de decisiones y mejoren la eficiencia de los servicios públicos. La creación de la Red Española de Oficinas del Dato, con participación de Santander, marcará un paso adicional en esta estrategia de innovación.
Desde un punto de vista político, el proyecto refleja el compromiso del Gobierno central y las administraciones locales con la digitalización y la innovación tecnológica, en línea con las políticas de modernización administrativa y uso de fondos europeos. La colaboración público-privada busca potenciar la competitividad y la capacidad de respuesta de las instituciones.
Mirando hacia el futuro, la segunda fase del proyecto, que se extenderá hasta 2028, permitirá ampliar los beneficios y consolidar la transformación digital en el ámbito local. La participación activa de actores como Santander posiciona a Cantabria en la vanguardia de la gestión basada en datos en España y Europa, con un impacto potencial en la calidad de los servicios públicos.
En un contexto de creciente competencia internacional en tecnología, estas iniciativas representan una oportunidad para que las administraciones públicas adapten sus modelos a las exigencias de una ciudadanía cada vez más digital y participativa, consolidando una gestión basada en datos confiables y seguros.