En Santander, el 12 de septiembre, la reciente modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria ha despertado un notable interés en la sociedad, con la presentación de 30 alegaciones durante el periodo de información pública que concluyó este jueves. De estas, 27 objeciones provienen de ciudadanos y representantes sindicales que critican la inclusión de la figura de funcionarios interinos dentro de los cuerpos de policía local en la región.

Este viernes, el Gobierno de Cantabria emitió un comunicado en el que se resalta que los cambios propuestos impactan en varios aspectos clave del proceso de selección para acceder a los cuerpos de policía local, incluyendo las competencias de los policías en prácticas y la posibilidad de nombrar interinos, lo que ha provocado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos. También se menciona el reconocimiento de los cursos de formación y prácticas de los efectivos policiales.

Las alegaciones y el nuevo marco legal serán discutidos en la próxima reunión de la Comisión de Coordinación de Policía Local, un organismo donde confluyen representantes del Gobierno, municipios, sindicatos y jefes de policía local. Esta reunión está programada para el 25 de septiembre, y se espera que sea un espacio de diálogo y evaluación sobre las inquietudes presentadas.

Los sindicatos APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT manifestaron su descontento con la inclusión de policías interinos y solicitaron una convocatoria inmediata de la Comisión para discutir su exclusión, a la vez que denunciaron la falta de transparencia en el proceso.

En respuesta, la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, defendió la claridad en la tramitación de la norma, asegurando que ha cumplido con los requerimientos de consulta y que busca mejorar la seguridad pública en Cantabria. Escobedo enfatizó que esta figura de interino fue añadida a solicitud de los ayuntamientos, con el fin de abordar situaciones de emergencia, similar a lo que ocurre en otros ámbitos del servicio público.

La directora explicó que este cambio representa una solución ante la reducción temporal de efectivos, permitiendo así un refuerzo inmediato de las plantillas policiales y la protección de los derechos laborales de los agentes, además de facilitar la movilidad de los mismos entre diferentes municipios.

La modificación también incluye ajustes en los procesos selectivos, buscando hacerlos más ágiles y eficaces, como la posibilidad de nombrar a los aspirantes como funcionarios en prácticas tras completar el curso básico, que será puntuable para mejorar la motivación. Además, se ha reducido la duración del curso básico, limitándolo a 240 horas lectivas e incrementando la parte práctica dentro de los ayuntamientos.

Otra medida considera que los agentes en prácticas puedan portar armas de fuego, permitiéndoles ejercer funciones de autoridad como parte de su formación. Asimismo, se ha decidido eliminar la restricción temporal sobre el reconocimiento de cursos y prácticas realizadas por funcionarios, permitiendo que experiencias pasadas cuenten en futuros procesos selectivos.

Por otra parte, tres ciudadanos han presentado alegaciones que solicitan modificar el artículo 24.2.b) de la Ley 9/2022, refiriéndose a la clasificación del Grupo B, donde actualmente se ubica la categoría de Subinspector/a. Los proponentes abogan por reclasificar a los Subinspectores dentro del Subgrupo A2.

La directora general hizo un llamado a discutir todas estas inquietudes en la Comisión de Coordinación de Policía Local, con el propósito de alcanzar el consenso necesario para que las medidas adoptadas contribuyan efectivamente a resolver los problemas existentes en los cuerpos de policía y fortalezcan la seguridad pública en Cantabria.