ASTILLERO, 19 de agosto. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astillero ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Transportes para que implemente medidas inmediatas que aborden el elevado nivel de ruido causado por el intenso tráfico en la autovía S-10, que atraviesa el municipio y que registra más de 80.000 vehículos a diario. Según las autoridades locales, este fenómeno acústico tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los residentes.

El alcalde Javier Fernández Soberón ha subrayado la necesidad de confrontar un problema que ha sido una carga para la comunidad durante años. El Consistorio ha exigido que se tomen acciones prontas para mitigar el "constante ruido" que resulta del tráfico intenso por esta vía.

Según datos proporcionados por el propio Ayuntamiento, más de 80.000 vehículos transitan diariamente por la S-10, y el impacto sonoro está respaldado por un estudio reciente que han encargado. Este análisis revela que la exposición prolongada a estos niveles de ruido supera significativamente los límites establecidos, afectando así la salud y la tranquilidad de los ciudadanos.

El alcalde ha comentado que "los ciudadanos han tenido que soportar esta situación durante demasiado tiempo mientras otros optaban por ignorarla". Con esta afirmación, Astillero busca dar un "paso firme" para visibilizar el problema y exigir acción a "aquellos que tienen la responsabilidad directa", refiriéndose al Ministerio de Transportes.

Fernández también ha reafirmado el compromiso de la administración local de “defender los derechos de los vecinos hasta obtener una solución satisfactoria”.

“No cesaremos en nuestra lucha. Demandamos que se implementen medidas urgentes y efectivas, como pantallas acústicas u otras alternativas que realmente reduzcan este ruido. La espera ya no es una opción”, concluyó el alcalde.

Con esta solicitud, el Ayuntamiento de Astillero reitera que el asunto del ruido provocado por la autovía ya no puede ser pasado por alto y que ha llegado el momento de abordar la situación de manera conjunta con todas las instancias responsables, para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vida digna y saludable en su comunidad.