Cantabria reclama impulso estatal para el Campus Altamira, clave para el PIB y la innovación

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha solicitado formalmente al Gobierno de España que participe activamente en el desarrollo del Campus Tecnológico Altamira. Se estima que esta infraestructura, con una inversión de 3.600 millones de euros, contribuirá a elevar el PIB regional en un 0,66% anual, según un informe de la Universidad de Cantabria.

El proyecto, considerado la mayor inversión privada en la historia de la comunidad, busca posicionar a Cantabria como uno de los polos digitales más relevantes del sur de Europa. Sin embargo, su avance está condicionado por la autorización de conexiones eléctricas y mejoras en la infraestructura energética, específicamente en la subestación de Penagos, que aún no han sido concedidas por el Estado.

Desde el ámbito político, esta reclamación refleja la necesidad de un mayor compromiso del Gobierno central para garantizar la competitividad y la transformación digital de Cantabria. La falta de autorización ha sido vista como un freno para un proyecto estratégico que pretende reforzar la soberanía tecnológica y diversificar la economía regional.

El contexto político en el que se enmarca esta petición está marcado por la búsqueda de mayor autonomía en la gestión de infraestructuras clave. La comunidad apuesta por un desarrollo que no solo impacte en el crecimiento económico, sino que también promueva la innovación y la inclusión digital, en línea con las políticas autonómicas de transformación digital y sostenibilidad.

La perspectiva futura apunta a que, si se superan los obstáculos administrativos y se logra la implicación del Estado, el Campus Altamira podría convertirse en un catalizador para la economía cántabra y el ecosistema tecnológico nacional. La comunidad mantiene su compromiso y confía en que la colaboración interinstitucional facilitará la materialización de este proyecto estratégico.