Cantabria remite contratos de 2016 a la autoridad de Competencia en medio de la investigación a constructoras.

En el día de hoy, el Gobierno de Cantabria ha hecho llegar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la información solicitada sobre ciertos contratos menores del año 2016. Este requerimiento tiene lugar en el contexto de una investigación que se centra en posibles irregularidades y manipulaciones en las licitaciones del ámbito de la construcción dentro de la región.

La CNMC ha abierto un expediente sancionador que afecta a varias constructoras y a sus directivos. Hace unas semanas, este organismo autonómico exigió al Ejecutivo regional una serie de datos específicos relacionados con dichos contratos. Este jueves, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha confirmado que la información ha sido proporcionada y ha enfatizado que no se trata de un asunto generalizado, como algunos medios han insinuado.

Media ha declinado ofrecer más detalles sobre la documentación, citando el requerimiento de "absoluta confidencialidad" por parte de la CNMV. Además, el consejero admitió que su departamento carece de acceso al expediente completo de la investigación.

El consejero ha subrayado la importancia de que la CNMC lleve a cabo su trabajo de manera independiente, y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria cumplirá con lo que sea necesario una vez que se emitan las correspondientes resoluciones. Ante los medios, explicó que se está investigando a cuatro constructoras y doce empresas de la región, un proceso que podría extenderse hasta por dos años.

En cuanto a la petición específica realizada por la CNMV, Media aclaró que no se facilitó el nombre de ninguna empresa, sino que se hizo referencia a expedientes concretos. Si bien algunos nombres han sido divulgados, resaltó que todos los procesos administrativos en la comunidad autónoma están regidos por la Ley de Contratos del Sector Público, los cuales son manejados por mesas de contratación compuestas por funcionarios comprometidos.

El consejero también hizo hincapié en que el Gobierno actuará conforme a las sentencias que se emitan, ya sea en el ámbito administrativo o penal. Esto se refiere a los casos relacionados con irregularidades en la adjudicación de contratos en la trama de 'Obras Públicas'. Media subrayó que no corresponde al Gobierno realizar investigaciones ni emitir juicios, ya que esa es la función de los órganos judiciales competentes.

“Nosotros no somos jueces ni tenemos la capacidad de sentenciar. Nuestro deber es respetar las decisiones que toma la autoridad competente”, insistió Roberto Media, reafirmando el compromiso del Gobierno de actuar según lo que se determine en los fallos judiciales.