CCOO denuncia bloqueo en negociación de decreto de incendios en Cantabria

La negociación del nuevo decreto para el operativo de montes y segunda actividad en Cantabria lleva un año y medio estancada, tras la decisión de CCOO de abandonar la mesa de negociación en protesta por la falta de avances y respuestas a sus demandas. La sección sindical señala que el Gobierno no ha presentado propuestas concretas ni ha aclarado aspectos clave, como la dotación económica para las plazas de segunda actividad.

El contexto político en Cantabria muestra una gestión que, según el sindicato, prioriza la privatización y la reducción de derechos laborales en el sector forestal. La falta de un marco regulador efectivo tiene implicaciones directas en la seguridad de los bomberos y la protección de los espacios naturales, especialmente tras el incremento de incendios en los primeros meses del año.

La postura del Gobierno, que ha solicitado reconocimiento médico y pruebas físicas, no se ha complementado con una regulación clara que garantice la continuidad del servicio y la protección de los trabajadores. La ausencia de respuestas oficiales y la falta de financiación prevista en los presupuestos generan incertidumbre sobre la gestión futura del operativo.

El sindicato ha expresado su preocupación por la posible intención de reducir recursos mediante privatizaciones y ha criticado la falta de atención a las propuestas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad. La polémica también incluye la gestión de los EPIs, en situación de incumplimiento tras la inspección de Trabajo.

Las estadísticas recientes revelan un incremento preocupante en los incendios forestales, con más de 12.946 hectáreas quemadas en los primeros tres meses del año, el doble que en el mismo período del año anterior. Esto evidencia la necesidad urgente de una regulación efectiva y de una gestión política que priorice la protección del patrimonio natural y la seguridad laboral.

En un escenario de aumento de los incendios y de crisis en la negociación, las próximas semanas serán determinantes para definir si el Gobierno de Cantabria logra avanzar en la regulación del operativo forestal o si persiste la fragmentación en la gestión de un sector clave para la comunidad.