Cinco colectivos afectados por los PSIR crean una coordinadora y exigen paralizar los proyectos
Cinco colectivos afectados por los PSIR crean una coordinadora y piden paralizar proyectos no iniciados y limitar la figura a proyectos de interés regional.
Los cinco colectivos afectados por la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) han creado una coordinadora para exigir la paralización "inmediata" de los proyectos no iniciados y un cambio legal que limite esta herramienta a proyectos de interés regional. El anuncio se hizo este jueves, 5 de noviembre, en una rueda de prensa en los Jardines de Pereda de Santander, a la que asistieron una treintena de representantes.
La coordinadora reúne a los afectados por los PSIR del Polígono de Laredo, del Olucas Surf Center de Ribamontán al Monte, de Bosques de Santander, del Polígono Federico Cobo, del Centro de Datos Altamira en el entorno de la ría de Solía, y del Parque Empresarial de Las Excavadas, entre Tanos y Cartes. Según la noticia, cuenta con el apoyo de distintos movimientos sociales.
Los colectivos recuerdan que el PSIR se justificó hace 25 años "para casos excepcionales de ámbito supramunicipal e interés general, como un hospital público". Denuncian que los distintos gobiernos lo han utilizado de forma "arbitraria", amparándose en un marco legal "cada vez más laxo" y saltando "por encima de cualquier ordenación territorial y normativa urbanística". Según su criterio, ello busca "beneficiar intereses privados en perjuicio precisamente del interés general de la comunidad".
Los portavoces sostienen que este uso afecta no solo a los cientos de propietarios de terrenos, actividades económicas y viviendas directamente implicados, sino también a barrios, pueblos y valles enteros, "destruyendo el entorno y la calidad de vida para siempre". Advierten además de que la legislación actual "nos afecta a todos y todas", porque genera reglas extraordinarias que podrían recaer sobre cualquier ciudadano.
La coordinadora ya trabaja en una propuesta de modificación legal y estudia posibles movilizaciones. En su declaración final, sus portavoces reconocen que se enfrentan a "poderosos intereses" y afirman estar "decididos a hacer prevalecer el interés general" y a modificar la legislación con el apoyo de la población de Cantabria.