SANTANDER, 3 de mayo.

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado 14 años de prisión para un individuo que supuestamente inició un incendio en un establecimiento de Santoña durante octubre de 2021. Este incidente obligó a desalojar a una treintena de personas que residían en las cercanías.

El juicio relacionado con este caso dará comienzo el próximo lunes 5 de mayo, a las 10:00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y se estima que se extenderá hasta el jueves 8, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En su alegato, la Fiscalía describe al acusado como una persona que actuó "impulsada por el rencor hacia sus vecinos" y que mostró un completo desprecio por sus vidas. Se detalla que utilizó una llama abierta para prender fuego intencionadamente a un local comercial del que era copropietario.

El siniestro fue provocado en plena madrugada, y el acusado, consciente de que el fuego podría expandirse incontrolablemente por el edificio, decidió huir rápidamente en un vehículo después de ejecutar su plan. No había sistemas de alarmas contra incendios en el inmueble, lo que evidenció el riesgo que asumía.

Un testigo, que pasaba en su coche con las ventanillas bajadas, fue sorprendido por una explosión que resultó de las llamas, que reventó los cristales del local y lo alcanzó con la onda expansiva. Este hombre, de 32 años, tuvo que ser atendido en el Hospital de Laredo debido a que quedó "parcialmente aturdido y con problemas de audición". No obstante, ante la rápida propagación del fuego, logró alertar a los residentes gritando y utilizando los telefonillos de las viviendas.

También fue quien contactó a la Guardia Civil, que rápidamente puso en marcha el protocolo de emergencia y avisó a los bomberos, quienes llegaron en cuestión de minutos. La Fiscalía destaca que, a pesar de esta reacción rápida, las llamas lograron envolver la fachada del edificio, afectando a las plantas superiores y causando daños significativos.

Afortunadamente, el fuego no penetró en el interior de las viviendas, aunque generó una gran nube de humo que obligó a evacuar a todos los vecinos. Además, como consecuencia del incendio, tres vehículos estacionados en la cercanía también resultaron dañados.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado enfrenta cargos por incendio con riesgo para las personas y lesiones con un instrumento peligroso. En su escrito, se considera una atenuante en su responsabilidad penal debido a un trastorno de personalidad que afecta levemente su voluntad, aunque no su capacidad intelectual. Por lo tanto, se le solicitan once años de prisión, más tres años adicionales por otro delito de lesiones.

En términos de compensación, el ministerio público reclama un total de 183,600 euros: 146,300 euros para las comunidades de propietarios afectadas, 11,700 euros para reparar daños en las viviendas, 8,200 euros para los vehículos y 17,400 euros por las lesiones sufridas por el transeúnte, que incluyen problemas de audición y un espasmo ocular.

Tras el incidente, los residentes pudieron regresar a sus hogares tras una evaluación del edificio, que contaba con cuatro plantas y un ático. Los Bomberos de Cantabria extinguieron el incendio y la Policía Local colaboró en la evacuación de los residentes.

Después del suceso, la Policía Judicial de la Guardia Civil inició una investigación para aclarar las causas del fuego, así como determinar si fue un acto deliberado o accidental. Curiosamente, poco antes del incidente, el Ayuntamiento había notificado al propietario del local comercial, que carecía de licencia, una orden de cierre mientras estuviera realizando actividades de venta. El alcalde de aquel entonces, Sergio Abascal, había señalado que el propietario era considerado "conflictivo y problemático" en sus interacciones con la comunidad.