La situación en el ámbito educativo de Cantabria se ha vuelto insostenible, impulsando a la Junta de Personal Docente a exigir la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva, del Partido Popular, o su destitución por la presidenta de la región, María José Sáenz de Buruaga. Según un comunicado emitido este sábado, la Junta ha resaltado la urgente necesidad de modificar la interlocución para poder resolver el creciente conflicto entre la Consejería y los sindicatos sobre las condiciones salariales del profesorado público.

La tensión entre las partes ha llevado a la Junta Docente a convocar huelgas para los próximos días, comenzando este lunes 8 y martes 9 de septiembre en los niveles de Infantil y Primaria, justo al inicio del año escolar. Asimismo, se programaron paros adicionales en la educación secundaria para los días 11 y 12 de septiembre.

Además, para reforzar sus demandas, se organizará una manifestación este lunes a las 18:00 horas, que saldrá de la Consejería de Educación en el Río de la Pila y finalizará en la oficina de Correos. Los docentes, actuando en el contexto de la campaña #EsAhora, han recordado que, tras casi un año desde las movilizaciones en Peñaherbosa, el consejero ha tenido múltiples oportunidades para demostrar su capacidad de gestión, pero ha empeorado la situación con protestas y encierros.

Los representantes sindicales manifiestan que la negociación ha llegado a un punto muerto. El conflicto se centra en una cláusula propuesta que condicionaría la efectividad de cualquier acuerdo a la aprobación de presupuestos futuros, lo que podría deshacer los progresos alcanzados. La Junta ha calificado esta cláusula de "inaudita" en la historia de acuerdos educativos y una táctica que pone a los cerca de 9.000 docentes de Cantabria como rehenes de las futuras negociaciones políticas.

A pesar de la crítica generalizada, Silva ha definido esta cláusula como una "línea roja", rehusando retirarla y, con ello, perpetuando el estancamiento en las negociaciones. Desde la perspectiva sindical, la Consejería ha perdido completamente la confianza del profesorado, respaldada por una encuesta que revela un alto índice de insatisfacción entre los docentes.

La Junta de Personal ha enfatizado que las acciones del consejero se han ido encaminando hacia la coacción, ejemplificando con el cierre del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, a pesar de un fallo judicial en contra, y la intencionada dilación en la incorporación de interinos para evitar que participen en las huelgas. También han criticado la imposición de "servicios mínimos" que afectan el derecho fundamental a la huelga, tal como lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia.

De esta manera, se han realizado varias reuniones para intentar evitar la huelga, todas ellas convocadas por la Junta de Personal. Sin embargo, en la última reunión, celebrada el pasado viernes, el consejero decidió no asistir, lo que dejó a los docentes sin opciones de diálogo y provocó el anuncio de nuevas huelgas.

Por otro lado, se prevén más paros en otros niveles educativos, como en los CEPAs y conservatorios de música los días 17 y 18 de septiembre, y en las Escuelas Oficiales de Idiomas, el 7 y 8 de octubre. En conclusión, la Junta de Personal ha dejado claro que el desinterés del consejero por llegar a un acuerdo y su intento de imponer cláusulas inaceptables han llevado a la insatisfacción general y, por tanto, es fundamental que se produzca un cambio en la dirección de la Consejería para restaurar la normalidad en el inicio del curso escolar.