El Gobierno de Cantabria aclara derechos y obligaciones en alquileres de temporada

El Gobierno de Cantabria ha informado oficialmente sobre los derechos y obligaciones en los contratos de alquiler de temporada, una modalidad destinada a necesidades temporales de alojamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula estos contratos, que no constituyen residencia habitual, sino un uso transitorio justificado por causas concretas.

Este tipo de arrendamientos, que pueden abarcar periodos variables sin duración mínima o máxima establecida, incluyen motivos como desplazamientos laborales, estudios, actividades culturales o deportivas, obras en la vivienda habitual, o estancias vacacionales. La normativa aclara que la causa real y acreditada de la temporalidad prevalece sobre la denominación del contrato.

El Ejecutivo subraya que formalizar los contratos por escrito es recomendable, aunque la ley permite su celebración verbal. Además, señala que la renta se establece libremente, pero la fianza obligatoria equivale a dos mensualidades, y las partes pueden pactar garantías adicionales. La normativa distingue claramente estos contratos de las viviendas de uso turístico, sujetas a regulaciones específicas del sector turístico.

Desde la Dirección General de Comercio y Consumo también recuerdan que, a partir del 2 de enero de 2025, entrará en vigor un procedimiento estatal que obliga a registrar todos los alquileres de corta duración en una Ventanilla Única Digital, y que las plataformas digitales deben verificar y mostrar el número de registro en sus anuncios.

Por último, el Gobierno aconseja a los usuarios revisar cuidadosamente los contratos, conservar toda la documentación y comprobar el estado de la vivienda antes de la entrada. La normativa busca proteger a los consumidores y facilitar la resolución de posibles conflictos mediante información y asesoramiento en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

El contexto político refleja la apuesta del Ejecutivo por reforzar la regulación del mercado de alquiler y adaptarse a los cambios normativos nacionales, con un enfoque en la protección del consumidor y en la transparencia en un sector en plena expansión, especialmente en zonas turísticas como Cantabria.