El Parlamento de Cantabria pide la retirada del ERE en Nestlé La Penilla por beneficios millonarios

El Parlamento cántabro ha mostrado un respaldo unánime a los trabajadores de la fábrica de Nestlé en La Penilla, Santa María de Cayón, rechazando un expediente de regulación de empleo que contempla 49 despidos en la planta y 301 a nivel nacional. La decisión se basa en que los beneficios de la multinacional, que en 2025 superaron los 9.800 millones de euros, no justifican la reducción de empleo. Los distintos grupos políticos coincidieron en que la rentabilidad y el historial de la empresa contradicen la necesidad del ERE, además de alertar sobre posibles consecuencias negativas para la paz social en la comarca pasiega.

Este respaldo parlamentario surge en un contexto donde Nestlé factura casi 97.000 millones de euros anualmente y ha firmado numerosos contratos indefinidos en los últimos meses. La iniciativa busca presionar a la compañía y al Gobierno de Cantabria para que exijan la retirada del expediente, argumentando que la planta, con más de 800 empleados y con una historia de 120 años, es un pilar económico y emblemático de la región. La propuesta también refleja la preocupación por el impacto social y económico que podrían sufrir las familias y la comunidad local.

Desde el ámbito político, la posición unánime evidencia una tensión entre la protección del empleo y la estrategia empresarial de Nestlé, que ha recibido fondos públicos para modernizarse. Los partidos instan a que las administraciones actúen con firmeza y utilicen todos los instrumentos disponibles, incluyendo condicionantes en ayudas, para evitar que la reducción de plantilla se lleve a cabo. La situación ha generado también críticas por la supuesta pasividad del Ejecutivo regional, que debe equilibrar intereses económicos con la protección social.

El debate refleja además un trasfondo político más amplio, donde las políticas fiscales y regulatorias en Cantabria, y las decisiones en materia de ayuda pública a multinacionales, juegan un papel clave. La polémica se enmarca en la discusión sobre la responsabilidad social empresarial y el uso de fondos públicos, en un momento en que la economía regional busca equilibrar crecimiento y sostenibilidad social. La postura del Parlamento indica una posible orientación futura hacia una mayor fiscalización de las multinacionales en la comunidad.

En el escenario actual, la posición del Parlamento puede marcar un precedente en la defensa del empleo y la protección de la industria local frente a las decisiones de empresas multinacionales. La resolución no vinculante abre un periodo de incertidumbre en las negociaciones y puede influir en futuras decisiones del Gobierno regional, que deberá decidir cómo actuar ante una situación que combina intereses económicos, sociales y políticos en un contexto de creciente discusión sobre la responsabilidad empresarial.