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Cantabria 30 de Marzo de 2026 · 15:32h 5 min de lectura

El Parlamento exige acciones urgentes al Gobierno regional por el conflicto bélico.

En la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria, celebrada el lunes 30 de marzo, los partidos de la oposición, incluyendo PRC, PSOE y Vox, se unieron para impulsar una iniciativa que solicita al Gobierno regional, bajo la dirección del PP, que implemente con urgencia medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre las familias y distintos sectores económicos de la región.

La propuesta, que obtuvo el visto bueno de estos partidos, fue objeto de la abstención del PP, que considera que la iniciativa es prematura. Esta incluye diversas acciones específicas para sectores como el transporte, la pesca y la agricultura, así como un conjunto de medidas más generales dirigidas a ayudar a las familias afectadas y fortalecer la economía regional.

En el área del transporte, se propone la concesión de ayudas directas por vehículo y la creación de un complemento autonómico para el gasóleo profesional. Para el sector pesquero, se sugieren compensaciones por el aumento en el costo de combustible y la reducción de las tasas portuarias. En el ámbito agrícola, se aboga por ayudas al gasóleo utilizado en este sector y subvenciones para la adquisición de fertilizantes y piensos.

A nivel más general, se demandan subvenciones directas para pymes y autónomos que hayan sufrido los efectos más severos de la crisis, así como bonificaciones sobre los costes energéticos. Para las familias, las propuestas incluyen descuentos en el transporte público, la creación de un bono energético a nivel autonómico y la posibilidad de aplazar o reducir ciertas tasas autonómicas.

A pesar de ser el partido con mayor representación en el Parlamento, el PP decidió no respaldar la iniciativa, argumentando que la propuesta del PRC es irresponsable y apresurada en el contexto actual. Alejandro Liz, diputado del PP, dejó claro que aún no se puede evaluar la magnitud de esta crisis, que parece tener un carácter estructural.

Según Liz, la actual crisis trasciende las fronteras de la comunidad autónoma y, por lo tanto, debe ser abordada primordialmente por el Gobierno de España y en coordinación con la Unión Europea. No obstante, aseguró que el Gobierno regional está listo para tomar medidas que completen las iniciativas que aún no ha implementado el Gobierno central, al considerar que el Decreto-Ley anticrisis es inadecuado.

Además, el diputado del PP mencionó que es prematuro exigir acciones sin contar con un análisis profundo de la situación, algo que, enfatizó, está realizando un comité de coordinación de la crisis de Irán en Cantabria, creado para evaluar el impacto del conflicto en la economía regional y diseñar soluciones sectoriales.

El comité celebró su segunda reunión el mismo día para seguir estudiando el impacto del conflicto y evaluar las medidas ya propuestas, preparándose para designar grupos de trabajo por sector si se requiere más acción. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, destacó la importancia de este seguimiento.

Desde el PP, se pidió a los grupos opositores que cesen el alarmismo y actúen con responsabilidad, proponiendo un enfoque ágil pero sin caer en la precipitación. Liz recriminó a los regionalistas por reclamar respuestas inmediatas cuando, en el pasado, fueron lentos en reaccionar a otras crisis, haciendo referencia a los meses transcurridos durante la guerra en Ucrania antes de que el bipartito PRC-PSOE tomara acción.

Las portavoces del PRC y el PSOE, Paula Fernández y Ana Belén Álvarez, rechazaron estas afirmaciones y exigieron al Gobierno regional actuar en el marco de sus competencias, subrayando que "gobernar es decidir, no analizar". Fernández enfatizó la necesidad de actuar rápida y eficazmente en cuestiones que afectan la seguridad alimentaria y el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, Vox mostró apoyo a la iniciativa opositora, aunque criticó el oportunismo político que podrían representar algunas de sus propuestas. Este partido también sugirió una enmienda que incluía medidas adicionales, consideradas por ellos como relevantes para combatir la crisis desde un enfoque fiscal.

Entre las enmiendas propuestas, destacaron una solicitud para el Gobierno regional que aboga por la deflactación de los tipos impositivos del IRPF y varias dirigidas al Ejecutivo central para suspender reglas fiscales que permitirían mayor margen de gasto, así como medidas para apoyar a la industria frente a los costos derivados de las emisiones de CO2.

A pesar de la amplia discusión, las enmiendas planteadas por Vox no fueron aceptadas, al igual que la propuesta del PP, que pedía que el Gobierno regional realizara un seguimiento detallado de las consecuencias económicas del conflicto de Irán. Esto demuestra la división existente entre los diferentes grupos políticos en Cantabria en torno a la gestión de esta crisis que afecta a la región.

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