Los sindicatos han expresado su preocupación por el incremento alarmante de la violencia en los centros penitenciarios, denunciando que se registra una agresión, en promedio, cada 16 horas.

Este martes, los empleados del centro penitenciario El Dueso, ubicado en Santoña, llevaron a cabo una manifestación frente a la institución para mostrar su rechazo a la reciente y violenta agresión sufrida por una funcionaria en la prisión Sevilla II, en Morón. Los manifestantes sostienen que este tipo de incidentes no es un hecho aislado, sino que han ido en aumento en los últimos años.

La víctima es una psicóloga de la prisión andaluza que fue objeto de una agresión tanto física como sexual durante una entrevista con un interno que contaba con múltiples antecedentes por violentos delitos, quien, a pesar de su historial, estaba alojado en un módulo reservado para aquellos considerados de "respeto".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organizadora de la protesta junto a ACAIP-UGT, enfatiza que no se trata de un caso aislado y que las agresiones, tanto sexuales como físicas, han aumentado significativamente en los últimos años, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores penitenciarios.

Esta concentración en Santoña es parte de un movimiento más amplio que se extiende a todos los centros penitenciarios bajo la jurisdicción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, motivado por los graves acontecimientos ocurridos el 8 de julio en la prisión sevillana.

Los sindicatos informan que, en el sistema penitenciario español, se denuncia un promedio de una agresión cada 16 horas, lo que significa más de mil agresiones en los últimos dos años. Ante esta alarmante tendencia, los representantes de los trabajadores han instado a los responsables a implementar medidas inmediatas y concretas para abordar esta crisis.

Entre sus demandas, exigen una revisión de la clasificación de los internos, la asignación de responsabilidades claras, la implementación de sistemas de emergencia eficientes y el reconocimiento legal de los trabajadores penitenciarios como agentes de autoridad.

Según los sindicatos, la situación actual refleja un deterioro profundo del sistema penitenciario, con una política de clasificación de internos que prioriza el aspecto estadístico sobre la realidad de un aumento en la población reclusa. "Ignorar este problema sería normalizar la violencia institucional y poner en peligro el derecho a un entorno laboral seguro", afirmaron. Lo que está en juego no es solo el respaldo a una compañera, sino la defensa de la dignidad y las condiciones laborales de todos los profesionales del sector.